POSIBLES VÍNCULOS EMPRESARIALES
Esos montos únicamente contemplan los materiales electorales, por lo que faltan sistemas tecnológicos, de logística y otros servicios
Por Érika Hernández y Martha Martínez
La Prensa
Cd. de México.- Una red de cinco empresas vinculadas con José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de materiales electorales relacionado con Guadalupe Taddei, obtuvo contratos por al menos 2 mil 561 millones de pesos durante los últimos 12 años, según información atribuida al Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE).
Del monto señalado, mil 883 millones de pesos, equivalentes aproximadamente al 77 por ciento, fueron contratados durante los cinco años recientes. Las cifras corresponden exclusivamente a materiales electorales y no incluyen servicios tecnológicos, operaciones logísticas ni otras contrataciones relacionadas con procesos comiciales.
La investigación identifica a Cajas Graf, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México como compañías que habrían operado de manera coordinada para obtener adjudicaciones de organismos públicos locales electorales (OPLES).
De acuerdo con el análisis, accionistas, representantes legales y apoderados participaron en distintas sociedades, lo que despertó sospechas sobre posibles vínculos empresariales y prácticas contrarias a la libre competencia. Entre las personas mencionadas figuran familiares, colaboradores y allegados de los hermanos Hernández Casillas, quienes aparecen relacionados con Cajas Graf y Corporativo Zeg.
Cajas Graf concentró el mayor volumen de contrataciones, con mil 72 millones 876 mil 165 pesos. Según el reporte, la empresa no fabrica directamente los materiales que comercializa, sino que subcontrata su elaboración. Su administrador único sería actualmente José Andrés Hernández Rocha, identificado como hijo de Raymundo Hernández Casillas.
Formas Finas y Materiales obtuvo contratos por 815 millones 961 mil 175 pesos, mientras Corporativo Zeg acumuló 278 millones 717 mil 552 pesos. Comercializadora JVLY recibió 208 millones 396 mil 239 pesos y Seriplast de México, 85 millones 123 mil 981 pesos.
En conjunto, el reporte identifica 106 contratos adjudicados por 27 organismos electorales locales. Solamente 53 fueron resultado de licitaciones públicas, modalidad en la que el órgano fiscalizador detectó posibles mecanismos de simulación de competencia entre empresas presuntamente relacionadas.
Durante una comparecencia ante diputados, el contralor del INE, Víctor Hugo Cervante, sostuvo que el problema trasciende al organismo federal y alcanza a los institutos electorales estatales. Afirmó que los patrones observados sugieren una estructura organizada para repartirse contratos mediante ofertas aparentemente independientes.
Según su explicación, algunas compañías presentaban propuestas con precios excesivos para elevar las referencias económicas del concurso. Después, las ofertas más económicas eran descalificadas por motivos técnicos, lo que permitía que otra empresa vinculada resultara ganadora con un precio superior.
El funcionario señaló que, en 24 licitaciones, Cajas Graf y Formas Finas participaron simultáneamente. En otras 15 también intervino Corporativo Zeg. Además, identificó ocho procedimientos con participación de Cajas Graf y Zeg, y dos con Formas Finas y Zeg.
El informe añade que, entre 2023 y 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló decenas de cuentas relacionadas con estas compañías. También se mencionan procedimientos ante la autoridad de competencia económica por posibles conductas monopólicas. Pese a ello, las empresas continuaron obteniendo contratos, de acuerdo con la investigación.
Las acusaciones sobre presunta colusión, así como los señalamientos de vínculos con la expresidenta del INE Guadalupe Taddei, requieren distinguirse de responsabilidades legalmente acreditadas. El reporte plantea interrogantes sobre la vigilancia de las contrataciones electorales y la necesidad de esclarecer cómo se adjudicaron los recursos públicos durante el periodo examinado.
El contralor consideró que las coincidencias en las ofertas no deberían analizarse como hechos aislados, pues los procedimientos abarcan distintas entidades y administraciones electorales. Por ello, sus observaciones apuntan tanto a las relaciones entre proveedores como a los criterios utilizados por las autoridades para evaluar propuestas, descartar participantes y autorizar pagos de contratos.
Publicado por Rocío Ledezma
