Por Ivonne Melgar
Mortandad inocultable
A seis meses de que el covid-19 llegara a nuestras vidas, trastocándolas, tenemos que hacernos cargo de un obligado balance entre las omisiones históricas y las omisiones vigentes.
Porque tenemos el derecho a saber si nuestros gobiernos y nosotros como sociedad hicimos lo necesario y lo mejor.
Por supuesto que venimos de acumulados recortes a la salud, de la normalización del desabasto y de servicios divididos entre quienes pueden pagarlos y los que deben conformarse con la escasez.
Pero también están documentadas las indefiniciones de una política pública que más temprano que tarde podrá medirse a la luz de resultados e inevitables comparaciones del antes y el después y con el resto del mundo.
Por eso, dentro de la gravedad de sus revelaciones, es una buena noticia la reciente presentación del Boletín estadístico del exceso de mortalidad por todas las causas, el cual concluye que ésta aumentó en 59% entre el 15 de marzo y el primero de agosto.
Eso significa que, con respecto a los registros de defunciones de los últimos cinco años, se esperaba para esas 20 semanas del 2020 un total de 207 mil 450 muertes.
La cifra acumulada, sin embargo, en el periodo revisado, es de 330 mil 50 fallecimientos. Es decir, hubo un exceso de mortalidad por todas las causas de 122 mil 765. De ahí la cifra del 59 por ciento. Ese exceso de mortalidad correspondió en 69.7% a hombres y 46.5% a mujeres. En cuanto a edad, el 65.1% de esos decesos recayó entre los mexicanos de 45 a 64 años; el 39.7% en el grupo de 20 a 44 años y el 30.6 por ciento en los mayores de 65 años.
A cargo del Grupo interinstitucional para la estimación del exceso de mortalidad por todas las causas durante la emergencia por covid-19, ése es el nombre oficial, creado en mayo, el boletín estadístico detalla que hubo una semana con 102 por ciento de exceso de muertes: la del 12 al 18 de julio.
El grupo se encuentra integrado por el subsecretario Hugo López-Gatell, Eugenio Hernández Ávila y Sofía Palacio Mejía, del Instituto Nacional de Salud Pública; Mauricio Hernández Ávila, del IMSS; María de la Cruz Muradás y Raúl Gutiérrez Hernández, del Conapo; Leonel Wheatley Fernández, José Jesús Robinson e Iliana Ordoñez Hernández, del Renapo; Edgar Vielma, Omar Muro y Enrique Navarro Luévano, del Inegi, y Jean Marc Gabastou, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Con el boletín estadístico podemos saber dónde la mortalidad ha sido superior al promedio: Estado de México 109%, CDMX 99%, Campeche 98%; Sonora 93.2%, Baja California 86%; Quintana Roo 79.2% y Morelos 73 por ciento.
Y dónde el exceso de mortalidad estuvo por debajo del promedio: en Nuevo León con 33.4%, 28 en Chihuahua, 27.7 en Coahuila, 26.9 en Querétaro, 26 en Baja California Sur; 20.7 en Jalisco, 18.9 en Colima y 14.3 en SLP.
El boletín también documenta que el registro de actas de defunción de Renapo en 2020 se disparó en 94.8 por ciento en el trimestre de enero a marzo y en 173.5% de abril a agosto. A nivel estatal, en el segundo trimestre ese registro se elevó en 248% en Campeche, 245 por ciento en el Estado de México, 241 por ciento en la Ciudad de México, 223 en Sonora, 204% en Quintana Roo, 199% en Morelos y 193 en Baja California.
Debe aclararse que por inconsistencia en la información, el análisis no incluye a Chiapas, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Yucatán. Pero eso no le resta importancia a esta primera medición del exceso de mortalidad por todas las causas, la cual se realizó con datos de hace ocho semanas, cuando la cifra oficial de defunciones por covid era de 44 mil 195.
¿Cuántas de las 122 mil 765 muertes adicionales al número esperado serán atribuibles a la pandemia? Si le restamos los 44 mil 195 que para el primero de agosto se habían registrado, tenemos 78 mil 570 decesos más que podrían corresponder al subregistro del que nos advirtieron especialistas y seis exsecretarios de Salud. “Podemos estar hablando de cerca de 200 mil mexicanos que han perdido la vida”, alertó Salomón Chertorivski.
Es posible que la obligada reconversión hospitalaria haya sido causa de agravamiento y muerte de personas con otros padecimientos que no pudieron ser atendidos.
Por lo pronto, las bases de datos del Registro Civil de Renapo, Inegi y Conapo se han puesto al servicio del esclarecimiento de los hechos y, por lo tanto, de la verdad, ésa que las sociedades libres y democráticas necesitan para serlo y que no puede circunscribirse a un acto de fe ni resguardarse como patrimonio del poder.
Porque más allá de la censurable politización de la tragedia y de las pulsiones de propaganda gubernamental de “lo hicimos muy bien”, los decesos del covid son nuestros muertos y todos debemos hacernos cargo de su memoria.
