Un tribunal federal ordenó hoy resolver si Roberto Borge debe o no continuar procesado por el presunto lavado de 900 millones de pesos, relacionado con la venta de 22 predios de la reservas de Quintana Roo a amigos y familiares.
El Segundo Tribunal Colegiado del Estado de México, con sede en Ciudad de Nezahualcóyotl, concedió hoy un amparo al ex Gobernador de Quintana Roo que deja sin efecto la vinculación a proceso e instruye reponer el procedimiento.
Por propuesta del magistrado José Francisco Cilia López, el colegiado reclasificó la modalidad del lavado imputado a Borge, pues fue procesado por el ocultamiento de recursos y ahora deberá valorarse si es vinculado a proceso en la variante de adquirir bienes, con conocimiento de que los recursos proceden de una actividad ilícita.
El tribunal concluyó en forma unánime que el proceso contra el ex Mandatario carece de fundamento legal y que, en caso de volver a ser sujeto a procedimiento, el juez de la causa deberá precisar cómo intervino en los hechos.
A Borge le imputan ser coautor del delito de lavado porque nombró a Claudia Romanillos como directora del Instituto de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IAPEQR) y ella vendió 22 predios a precios subvaluados a amigos y familiares del ex Gobernador.
Pero en la sesión del pleno de este viernes, el magistrado Cilia sostuvo que lo anterior no explica el modo de intervención de Borge en la mecánica de los hechos delictivos y tampoco lo argumenta el juez de control que lo vinculó a proceso.
«Como coautor con codominio funcional del hecho ¿con qué datos de convicción advirtió (el juez) que el quejoso conoció de las compra ventas de los predios propiedad del estado y que omitió actuar en su carácter de garante de los derechos reales?», cuestionó el magistrado en su ponencia.
«¿Cómo es que el otorgamiento o nombramiento a una determinada persona como directora general del IAPEQR constituye una aportación directa al hecho delictivo? ¿O bien, que revelara algún acuerdo previo entre la coimputada y el quejoso para la comisión del hecho delictuoso y que ello fuera parte de la argumentación de la pluralidad de conductas con el mínimo propósito delictivo?».
Con esta sentencia, ahora el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl convocará a Borge a una nueva audiencia inicial, para resolver si lo vincula o no a proceso.
Tras concluir la sesión del tribunal, Karin de la Rosa, uno de los defensores, dijo que con la reclasificación del delito de lavado, también 2 de los 22 predios deberán quedar fuera de la imputación cuando se defina la situación jurídica de su cliente.
Se trata de propiedades que adquirió César Celso González Hermosillo y Melgarejo, a quien la FGR señala como testaferro del ex Gobernador, en 1 millón 989 mil 932 pesos.
«Esos terrenos marcados con los números 1A y 1B fueron adquiridos por González Hermosillo antes de que Borge tomara protesta como Gobernador, la operación se realizó cuando Félix González Canto era Gobernador; entonces, no puede ser posible que sean considerados porque va en contra de la teoría del caso de la FGR», dijo.
Además del proceso por lavado, único que le instruyen a nivel federal, Borge tiene en curso otros tres del fuero común en Quintana Roo, por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.
Detenido el 4 de junio de 2017 en Panamá y extraditado a México el 4 de enero de 2018, el ex Gobernador está preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, en Morelos.
