La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó y multó a la empresa Psicofarma, una de las principales proveedoras de medicamentos del sector salud.
El Organo Interno de Control en el ISSSTE notificó este miércoles que Psicofarma no podrá obtener contratos públicos durante tres años y nueve meses, y además le impuso una multa de 2.3 millones de pesos.
La causa de la sanción fue el incumplimiento de un contrato para la compra de 600 mil piezas del medicamento albendazol, que se usa para combatir enfermedades parasitarias, y del cual la empresa sólo surtió 319 mil 905 unidades.
Fundada en 1974, Psicofarma se especializa en medicamentos para padecimientos psiquiátricos y neurológicos, ha sido una proveedora habitual del IMSS, ISSSTE y otras dependencias desde hace años, y la sanción no afecta contratos que hubiera firmado previamente.
La empresa es filial de Grupo Neolpharma, que también controla las firmas Alpharma y NeolSyM, y tiene plantas de producción de 198 medicamentos en México y Puerto Rico, esta última enfocada al mercado estadounidense.
El pasado 18 de marzo, la Secretaría de Hacienda adjudicó directamente a Psicofarma un contrato de 33.8 millones de pesos para proveer hasta 13.5 millones de envases de dos tabletas de albendazol, para ser repartidos durante 2020 al IMSS, ISSSTE, hospitales de la Secretaría de Salud federal y estatales, Secretaría de Marina y prisiones federales.
También, por adjudicación, SHCP contrató este año a Psicofarma para surtir decenas de miles de envases de 24 medicamentos psiquiátricos distintos, por un monto máximo de 321 millones de pesos.
Entre 2016 y 2018, Psicofarma ganó contratos del IMSS por más de 700 millones de pesos, mientras que en la licitación consolidada de finales de 2019, ganó partidas que sumaron 776 millones de pesos.
La empresa, que enero de 2018 anunció una inversión de 50 millones de dólares para una nueva planta de producción, puede impugnar la sanción mediante juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que podría concederle una suspensión para que siga participando en licitaciones públicas mientras revisa la legalidad del castigo.
