La Secretaría de Salud (Ssa) impugnó la orden de un juez federal para modificar la Política Nacional de Vacunación (PNV) contra Covid-19, de tal modo que la edad no sea el único criterio, sino también la vulnerabilidad por otros padecimientos.
La Oficina del Abogado General de la Ssa presentó este miércoles un recurso de queja contra la suspensión de oficio notificada el lunes pasado por Martín Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, quien calificó de «simplista» la PNV y ordenó ajustarla a lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La queja será revisada por un tribunal colegiado de circuito, pero la Ssa tendrá que presentar varias más, pues entre martes y jueves Santos Pérez concedió al menos cinco suspensiones adicionales, idénticas a la original en favor de Manuel Silva Vega.
«Pues no tenía información de eso, pero creo que es improcedente. No vamos nosotros a dejar de cumplir con la ley, pero no creo que con un amparo se detenga todo el plan nacional de vacunación», dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema en su conferencia del martes.
«Se concede de oficio la suspensión de plano para el efecto de que la autoridad responsable emita un programa de vacunación en contra el virus SARS-CoV-2, en el que atienda a cabalidad el documento de la OPS», es lo que ha ordenado el Juez.
«Conforme a dicho programa, le aplique al quejoso la vacuna contra la enfermedad Covid-19, en el momento en que le corresponda, esto es, debiendo priorizar en todo momento a: i) los trabajadores de salud de todos los niveles de atención y de otros servicios esenciales establecidos en el País; y, ii) los grupos de mayor riesgo identificados según la situación epidemiológica nacional, es decir, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, así como también aquellas pertenecientes a las regiones con mayor densidad poblacional y con mayor riesgo de contagio», agrega.
Las suspensiones, en teoría, deben ser acatadas de inmediato por las autoridades, aunque éstas las impugnen.
La PNV, publicada el 8 de diciembre por la Ssa, inició por personal de salud en primera línea de defensa contra la enfermedad, sigue a partir de marzo con el resto del personal médico y adultos mayores de 60 años, para empezar en abril con el grupo de 50 a 59 años, hasta cubrir a toda la población en marzo de 2022, pero sin distinguir si las personas tienen o no algún padecimiento que las haga más vulnerables.
El juzgado no ha publicado datos personales de los quejosos en estos amparos, salvo sus nombres, pero aparentemente se trata de personas menores de 60 años con enfermedades que los hacen vulnerables al coronavirus.
Uno de los quejosos incluso se presentó a solicitar la vacuna en el 81 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional en Tlalpan, donde a finales de diciembre fueron instaladas veinte unidades de vacunación, pero fue rechazado por no ser personal médico.
