Los abusos cometidos por militares y los hechos de corrupción no son investigados en México, alertaron expertos en derechos humanos.
A dos años de la actual Administración, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha dados resultados a las víctimas sobre desapariciones forzadas y, por el contrario, la gestión de Andrés Manuel López Obrador ha incrementado la militarización en el País, al tiempo que pone en manos de encuestas si se hace o no justicia en México en materia de corrupción, pero no para desapariciones forzadas y crímenes efectuados por autoridades.
«De parte del Gobierno no hay camino posible para impulsar la justicia a las víctimas, incluso reunirse con ellas», lamentó Jacobo Dayan en el foro remoto «¿Por qué es necesario debatir sobre la justicia transicional?», organizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
«No hay manera de implementar un proceso serio de justicia transicional con el actual Gobierno, habría que discutir sobre eso, también ha faltado la experimentación desde la sociedad civil impulsar esta agenda y seguir documentando fenómenos», añadió el experto en Derecho Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos.
Dayan urgió la creación de una Gran Comisión de la Verdad para castigar a los responsables, por ejemplo, de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
Lamentó que las acusaciones contra ex Presidentes o ex Gobernadores, algunos presos, sólo se les finca delitos vinculados con la corrupción, pero no por crímenes o desapariciones.
«Me sorprende que en México las víctimas tengan que litigar y conseguir por sus propios medios los expedientes, entonces para las víctimas no sólo atraviesan por el dolor de haberlo sido, sino que tienen que sufrir en el proceso», reprochó Miguel Ángel Urbina, asesor y consultor en procesos de reforma del sistema de justicia penal en Guatemala y asesor en casos graves de violación a los derechos humanos.
Urbina afirmó que las organizaciones sociales y colectivos serán los responsables de impulsar esos cambios en la justicia del País.
Susana Camacho, directora de Proyectos Normativos del Programa ProJusticia, reclamó que la Fiscalía General de la República (FGR) no se involucra para facilitar la justicia a las víctimas y que, en materia de corrupción, aprovecha de manera política los criterios de oportunidad.
«Tenemos un gran cuello de botella en las Fiscalías que no saben procesar el gran número de casos que les llegan y cuando tienen casos complejos como las desapariciones ligan otros fenómenos criminales para no investigar (…) hay un uso discrecional de ciertas facultades del sistema acusatorio, no les gustan los juicios orales, pero si de repente como en la FGR el criterio de oportunidad, eso sí se utiliza y son aplicados con quien políticamente sí se ven beneficiados», señaló.
Para Lisa Sánchez, de México Unido Contra la Delincuencia, la Sedena no está abierta a las investigaciones en contra de sus efectivos con la intención de no desclasificar su información como en los casos Ayotzinapa, Tlatlaya y recientemente de Cienfuegos.
«Si queremos realmente acceder a una justicia transicional, debemos incluir a los militares», expuso.
Graciela Rodríguez directora ejecutiva de la CMDPDH afirmó que la militarización en materia de seguridad pública, lejos de disminuir los índices de violencia, ha convertido en suelo fértil las acciones graves de derechos humanos.
En el debate, los ponentes también criticaron los cambios a la ley orgánica de la FGR, oídos sordos en las dependencias encargadas de promover la justicia a víctimas y el privilegio a acciones políticas sobre el castigo a la corrupción o las desapariciones forzadas.
