La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a las autoridades de Chiapas a garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas en el contexto de las protestas estudiantiles de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá”.
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El organismo internacional, pidió además investigar las denuncias de abusos por parte de funcionarios públicos estatal, al detallar que ha recibido información preocupante al respecto.
Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México, pidió de forma especial, garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género.
El comunicado emitido señala que, de acuerdo con la información recibida por la ONU-DH, el 18 de mayo 2021, en la caseta de cobro de la autopista de Tuxtla a San Cristóbal de las Casas, fueron detenidas 97 personas, 93 de ellas estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá”, 72 mujeres y 21 hombres, además de cuatro personas parte de las familias desplazadas del ejido Puebla, Chenalhó.
Las detenciones se dieron en el contexto de las protestas en contra de los cambios en la prueba de acceso a la escuela.
La ONU-DH recibió de parte de testigos de los hechos, organizaciones acompañantes y abogados de las personas detenidas alegaciones sobre actos de posibles detenciones arbitrarias, malos tratos, violencia sexual, abusos de poder y uso excesivo de la fuerza, entre otras.
El llamado de la ONU-DH a garantizar el debido proceso a todas las personas detenidas incluye el absoluto respeto a los principios de presunción de inocencia, la individualización de las conductas que puedan ser calificadas como violatorias de la ley y el acceso al derecho a la defensa.
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Las investigaciones de los posibles casos de abuso que podrían haber sido cometidos por funcionarios públicos deberán ser diligentes e imparciales, la ONU pidió garantizar la efectiva incorporación de la perspectiva de género al atender especialmente las denuncias de violencia sexual.
Las protestas se habrían producido en rechazo a la decisión de las autoridades educativas de establecer que el examen de admisión a la escuela normal rural fuese exclusivamente por internet, como parte de las medidas para contener los contagios de Covid-19, con lo cual se corre el riesgo de negar su acceso a la educación a personas que no tengan acceso a computadoras, internet o electricidad.
