Vitivinicultores locales denunciaron que la omisión y descuido de autoridades estatales y municipales en la regulación y ordenamiento del Valle de Guadalupe, en Ensenada, favorece la irregular venta del territorio para fraccionamientos y casa habitación.
El valle, que tiene como principal vocación la agricultura y la producción de entre el 70 y 90 por ciento del total del vino mexicano, está en riesgo ante la venta indiscriminada de terrenos no regulados para hospedaje, negocios, casa habitación y hasta ‘resorts’.
Aunado a lo anterior, la demanda creciente de agua podría provocar el abatimiento total del acuífero de la región en el año 2033.
Los vitivinicultores y ejidatarios de la zona se señalan unos a otros, sin que el Gobierno del Estado o Municipal den rumbo palpable al destino turístico, conocido como «La Ruta del Vino».
Aunque en el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte de Ensenada se delimitó un área de 18 mil hectáreas para uso de suelo adecuado y cuidado del mediambiente, la realidad es otra.
En redes sociales y páginas de inmobiliarias de venta de terros se observan decenas de anuncios de esta zona de Ensenada.
Grupo Concordia, por ejemplo, ofrece terrenos en el valle, en Taray Residencial, con lotes de 600 metros cuadrados en cinco hectáreas de conservación, «con crédito directo y con mínimos requisitos»; en la zona ya trazaron calles y glorietas.
Pero también hay terrenos que se ofrecen sobre la «ruta del vino», con un apartado de 100 dólares y pagos de 350 dólares mensuales, con «posesión inmediata».
El vitivinicultor propietario de las vinícolas La Lomita y Finca La Carrodilla, Fernando Pérez Castro, fue uno de los impulsores del Programa Sectorial del 2010, y su posterior Reglamento de zonificación y usos de suelo, publicado nueve años después.
«Se están usando zonas de conservación, y están siendo fraccionadas para ser vendidas para terrenos, casas, ranchos, oficinas o un Oxxo, no hay una autoridad que regule, dispuesta a aplicar la ley, y hay una reconversión de terrenos», expuso.
«El Valle de Guadalupe está a la venta y está siendo vendido de una manera muy agresiva, hay una degradación bien sensible del destino, principalmente las autoridades municipales no están aplicando la ley», insistió.
A la problemática se suma que integrantes del ejido El Porvenir – donde se ubica un 75 por ciento del valle de Guadalupe, según ejidatarios – comenzarán a aparcelar zonas serranas, es decir, fragmentar terrenos de uso común de 2.5 hectáreas con posibilidades de venta.
Rafael Romo Pereira, Presidente del Comisariado ejidal y de la Unión de Productores de la zona norte de Ensenada, aseguró que el reglamento municipal no aplica mientras el ejidatario no desincorpore su terreno y venda, por lo que considera que no se afecta una zona de «conservación».
«Dentro del reglamento se hizo una trampa muy cochina, muy sucia», planteó, «lo que se conoce como el valle de Guadalupe, el 75 por ciento está dentro de tierras ejidales, incluyendo la sierra, (pero) cuando hicieron las consultas públicas para aplicar el reglamento lo hicieron muy acorde al sector vitivinícola», aseveró.
«Todas las cavas, El Cielo, Las Nubes, ellos pueden hacer lo que ellos quieran, pero a los nativos nos pusieron en protección (conservación), lo cual significa que solo es compatible con un jardín botánico, pero somos ganaderos, productores de hortalizas», defendió.
El artículo 13 del reglamento, publicado el 13 de diciembre del 2019 en el Periódico Oficial, permite construcciones campestres aisladas de un solo piso en la zona de conservación, la densidad debe ser una vivienda en cada 5 hectáreas y no se pueden arrendar.
Los ejidatarios se ampararon contra el reglamento, y abrieron una brecha de ocho metros de ancho en el cerro.
Romo Pereira lamentó la falta de oportunidad para dialogar con el Alcalde Armando Ayala Robles.
«Ojalá que cuando nosotros lo convoquemos, venga y platique con nosotros lo que nos prometió en campaña, aquí vino con (el Gobernador Jaime) Bonilla y el (ex diputado federal, Erik) ‘Terrible’ Morales, y Armando Reyes, yo les hice campaña y ahorita no se presentan», dijo.
Héctor Villalobos Buelna, director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente de Ensenada, reconoció que hay poco personal en el área para vigilar las 18 mil hectáreas del valle de Guadalupe, y que se cometen fraudes inmobiliarios, sobre todo virtuales.
En algunos casos, las autoridades han sido sacadas de propiedades con armas.
«La realidad es que han florecido las especulaciones inmobiliarias, hay bastante especulación», expuso, «la vocación agrícola ha ido morfando (cambiando) por diversas problemáticas».
En las 18 mil hectáreas del valle y en la región de El Sauzal solo había un inspector, explicó Villalobos, en la administración de Armando Ayala Robles se comisionó a uno para cada área.
«La presencia gubernamental en zonas tan alejadas es complicado», justificó, «los particulares tienen sus mecanismos les mandan pitazos, se esconden, no puedes hacer la diligencia, ellos no responden, no hay nadie trabajando, no es tan sencillo», apuntó.
«Taray, por ejemplo, no cumple con el programa establecido, es fraude equiparado, hay que mencionarlo así, ya estamos tomando medidas para denunciarlo ante la Fiscalía», anunció.
De acuerdo con información de la Dirección de Administración Urbana Municipal, en el 2020, 13 personas fueron multadas por construir sin licencia, solo una de las obras fue suspendida; en el 2021, cinco personas fueron multadas.
El 6 de septiembre del 2020, REFORMA publicó que cinco allegados a Gerardo Sosa Castelán, Presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, figuraban como propietarios de terrenos en el Valle de Guadalupe, Baja California.
