En el primer semestre de 2021, el Gobierno federal mantuvo la tendencia de hacer a un lado las licitaciones públicas y entregó el 80.6 por ciento de contratos a través de asignaciones directas.
De acuerdo con un estudio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se trata de 55 mil 691 contratos de asignación directa, con un monto por 74 mil 639 millones de pesos.
El Presidente no ha cumplido con su promesa de campaña de eliminar la asignación directa de contratos, como una de las medidas que ofreció en la lucha contra la corrupción, concluye el análisis.
Incluso, advierte, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha superado a las administraciones anteriores en el porcentaje de contratos que se entregan por ese método, que es considerado como uno de los mayores riesgos para el desperdicio, el uso irregular de recursos y la corrupción.
«Este gobierno, tal como todos los anteriores, se resiste a dejar de utilizar a las adjudicaciones directas de un modo descontrolado. Y así, 8 de cada 10 contratos siguen siendo entregados sin procesos abiertos ni competidos», destaca el estudio.
Los escándalos de corrupción que se han presentado en el actual sexenio tienen que ver, precisamente, con la asignación directa de contratos, como la compra de ventiladores al hijo de Manuel Bartlett, los contratos de las empresas del ex superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, los contratos de Pemex con la prima-hermana del Presidente y las pruebas caras de Covid adquiridas por la SFP a una empresa sin empleado, entre otros.
De acuerdo con el análisis, de 2010 a 2018, en promedio el 79.6 por ciento de los contratos del Gobierno federal fue entregado de manera directa.
El reporte también destaca que en esta administración, sólo el 47.5 por ciento del presupuesto federal se gasta en contratos asignados mediante concursos, que permitirían garantizar menos precio y calidad, de acuerdo con un análisis a los registros en Compranet.
Al revisar las contrataciones hasta el 30 de junio, para medir la magnitud de la situación, se encontró que en un día promedio de 2021, el Gobierno entrega 45 contratos por licitación pública y 308 por adjudicación directa.
Con ello, la Licitación Pública, que debería ser el mecanismo más utilizado para entregar los contratos de acuerdo con la ley, ha sido utilizada en 11.9 por ciento de las ocasiones y ha repartido 83 mil 997 millones de pesos, el 47.5 por ciento del total del monto asignado.
Así, la promesa de eliminar las contrataciones directas no ha sido cumplida bajo ningún criterio y no existen indicios de que esto vaya a cambiar.
Incluso, las asignaciones directas deberían ser avaladas en caso de montos menores, pero eso no ha sucedido.
En los registros proliferan los contratos por adjudicación directa, lo que puede explicarse porque se trata de un procedimiento más sencillo y rápido de utilizar, si se le compara con las múltiples etapas y procedimientos necesarios para realizar una licitación pública. Esa diferencia ha impactado en la adquisición de medicamentos e insumos médicos.
«El caso del actual desabasto de diversos medicamentos es un claro ejemplo de ello, pues la falta de capacidades de la Administración actual, junto con una serie de improvisaciones ampliamente documentadas, han ocasionado múltiples fracasos para adquirir en tiempo y forma diversos medicamentos».
Desde febrero de 2021 el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) envió un oficio a las instituciones de salud para que cada una adquiriera por su cuenta las claves de medicamentos y materiales que no pudieron comprarse.
Al revisar los datos de todos los contratos relacionados con medicinas y productos farmacéuticos de 2021, se detectó que 91.5 por ciento de ellos han sido entregados por adjudicación directa, por un total de 12 mil 579 millones de pesos, el 59.2 por ciento del total.
Lo anterior es evidencia de que ante la premura y la emergencia para enfrentar el desabasto, las adjudicaciones directas se han utilizado como la salida de emergencia, entre las cuales se han identificado múltiples casos de sobreprecio.
No obstante, esta situación en 2021 está reduciéndose en los contratos relacionados con la pandemia del coronavirus.
«Al identificar todos los contratos que desde 2020 hasta la fecha incluyen cualquier mención a la COVID-19, el coronavirus, el SARS-CoV-2, la pandemia o la contingencia sanitaria, es notorio que en 2021 estos han disminuido sustantivamente, pues la mayor parte de las adjudicaciones directas se hicieron el año pasado».
