Un juez federal negó las órdenes de aprehensión que solicitó la FGR contra 31 académicos, científicos y ex funcionarios por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, derivado de los 244 millones de pesos que durante seis años otorgó el Conacyt al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT).
Gregorio Salazar Hernández, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con sede en el Penal del Altiplano, resolvió este miércoles que no ocurrieron los delitos imputados por la Fiscalía.
De acuerdo con fuentes federales, el juez consideró que los hechos imputados no se corresponden o se adecúan a los ilícitos que se pretenden atribuir a los indiciados (no existe la tipicidad del delito).
Las órdenes de captura fueron solicitadas por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. El primero de ellos es un delito que amerita la prisión preventiva oficiosa, es decir, que no hubiese permitido a los imputados llevar el proceso en libertad si este caso hubiese procedido.
La FGR señaló ante el juez que de enero de 2013 a junio de 2019 el Conacyt transfirió en forma ilegal 244 millones de pesos al FCCyT.
En 2013, aportaron al FCCyT un total de 40 millones de pesos; en 2014, 35 millones; en 2015, hubo una transferencia de 40 millones y otra de 2 millones; en 2016, 45 millones; en 2017, 32 millones; y de enero de 2019 a junio de 2019, un total de 50 millones.
Aunque la Fiscalía imputó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el dinero en cuestión tenía dos fuentes legales: el Fondo Institucional (FOINS) y el Programa Presupuestario de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación (Programa F002).
La ilicitud, según la imputación, consistiría en que el Foro, habiendo sido creado como una asociación civil tres meses antes de que se publicara el estatuto que permitía su constitución, no podía ejercer actos de administración sobre los recursos del Conacyt.
El FCCyT es un órgano autónomo de consulta que presenta al Conacyt propuestas para gasto en desarrollo tecnológico e investigación científica, y en dicho foro participan varias academias nacionales, confederaciones empresariales, la UNAM, el IPN, el Cinvestav y el Sistema de Centros Públicos de Investigación, entre otros.
El 24 de agosto pasado, la FEMDO solicitó por primera vez las 31 órdenes de aprehensión contra los ex integrantes de los comités de los dos fideicomisos que autorizaron los recursos, así como mandos administrativos y directivos del Foro.
Encabezan la lista ex director general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, y los ex coordinadores del FCCyT, Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco López, así como el ex Oficial Mayor del consejo, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.
También solicitaron las capturas de Adriana Ramona Guerra Gómez, David García Junco Machado, Jesús Arturo Borja Tamayo, Rafael Ortega Reyes, María Dolores Sánchez Soler, Miguyel Adolfo Guajardo Mendoza, Luis Gabriel Torreblanca Rivera, José Rodríguez Roque Díaz, Luis Mier y Terán Casanueva y Elías Micha Zaga.
Además, Inocencio Higuera Clapara, Julio César Ponce Rodríguez, Lorena Archundia Navarro, Rafael Pando Cerón, Teresa de León Zamora, Jorge Antonio Villegas Rodríguez, Salvador Emilio Lluch Cota, Miguel Gómez Bravo Topete, Rosa Eugenia Sandoval Bustos.
Completan la lista María Mónica Ramírez Bernal, Pablo Rojo Calzada, Regina María Alarcón Contreras, Mauricio Francisco Coronado García, Marcial Bonilla Marín, Gabriela Dutrénit Bielous, Patricia Zúñiga Cendejas o Patricia Zúñiga Bello, Francisco Salvador Mora Gallegos.
El Juez Salazar, sin embargo, devolvió el 25 de agosto el expediente a los fiscales federales al estimar que los jueces de control federal de Almoloya carecen de competencia para tramitar el caso, porque los hechos supuestamente delictivos ocurrieron en la Ciudad de México y no en el Edomex.
También regresó la carpeta de investigación porque la FGR no precisó la participación de cada uno de los imputados en los delitos y, finalmente, porque tampoco acreditó la peligrosidad de los académicos y funcionarios como para pretender recluirlos en un penal de alta seguridad.
No obstante, Salazar le dio 15 días a la Fiscalía para subsanar estas inconsistencias de forma y legalidad, para que volviera a judicializar el caso.
El juzgador le planteó a la FGR valorar la posibilidad de que solicitara las órdenes de aprehensión en otro centro de justicia que no fuera Almoloya; sin embargo, la dependencia federal volvió a pedir las capturas en el mismo lugar. Ahora le han sido negadas porque su imputación no fue planteada con los delitos adecuados.
