CIUDAD DE MÉXICO.-Un promedio de 26 casos al día han engrosado este año el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPD).
La cifra acumulada, con datos de 1964 a la fecha, superó hace unas semanas los 100 mil y provocó nuevos llamados, nacionales e internacionales, a atender la gravedad del problema.
Los casos se reparten por todo el territorio nacional, aunque tienen sus registros más altos en Jalisco, Tamaulipas y Estado de México, que concentran más un tercio del total. Del total de desapariciones, 33.8 por ciento corresponde al sexenio pasado y 33.3 al actual.
Tres cuartas partes de las víctimas son hombres y la mitad se ubica en el rango de 20 a 39 años de edad.
Mientras tanto, la crisis forense, ya reconocida de forma oficial, no parece tener visos de solución en el corto plazo.
Desde hace un par de años se ha asumido como un dato de consenso el de 52 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses, fosas comunes y otros espacios.
La Fiscalía General de la República (FGR) estimó en 2020 que los servicios forenses del País acumulaban más de 9 mil cuerpos sin identificar. Y el año pasado, el Inegi reportó que existen en México 7 mil 611 fosas comunes en 226 panteones del País. Solo en 2020 fueron inhumados ahí 10 mil 427 cuerpos, 4 mil 611 de ellos sin identificar.
Por su parte, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) informó que de 2006 al 15 de de marzo de este año han sido halladas 4 mil 967 fosas clandestinas, de las que han sido exhumados 8 mil 562 cuerpos, la gran mayoría de los cuales permanece sin identificar.
En gran medida en respuesta los reclamos de familiares de desaparecidos y la presión de organismos internacionales, el Estado mexicano empezó a dar apenas hace cinco años los primeros pasos para enfrentar la crisis.
Las bases fueron establecidas por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, publicada en noviembre de 2017 y arrancó la construcción de todo un entramado de instituciones que incluye un Sistema Nacional de Búsqueda, la CNB, comisiones locales, fiscalías especializadas y un Centro Nacional de Identificación Humana.
Prevé también el RNPD, un Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, un Registro Nacional de Fosas, un Banco Nacional de Datos Forenses y protocolos homologados de búsqueda e investigación.
La mayor parte de ese entramado se ha puesto ya en marcha o está en proceso, con el Banco Nacional de Datos Forenses -responsabilidad de la FGR- como el gran pendiente, pero los resultados han sido todavía limitados, mientras siguen aumentando las cifras de personas desaparecidas y cuerpos sin identificar.
Más que logística
Roxana Enríquez, coordinadora del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), indica que la crisis se ha ido gestando por lo menos desde hace 20 años.
Señala en entrevista que, en el contexto de violencia que ha experimentado el País, se ha incrementado significativamente el número de cuerpos que llegan a los servicios médicos forenses, en muchos casos sin elementos de identificación, hasta saturarlos.
Y el asunto se complica todavía más con el hallazgo de fosas clandestinas, que, indica, evidencian además como un patrón el que personas desaparecidas en un estado son con frecuencia sepultadas en otro.
“No es lo mismo hacer la identificación de los restos de una persona a la que se ha privado de la vida en un enfrentamiento entre grupos de delincuencia organizada y que llegan al servicio médico forense y se tratan con los protocolos de criminalística para poder hacer la identificación y la entrega a sus familiares, que de restos que probablemente ya están afectados por la exposición, esqueletizados, fragmentados”, apunta.
“Requieren otro tipo de análisis, que implica tiempo, infraestructura y personal. Finalmente, los servicios médicos forenses no tienen suficiente personal para hacer frente a la dimensión del problema que estamos viviendo”.
Algo de lo que pueden dar fe los familiares de Aldo de Jesús Pérez Salazar, José Arturo Domínguez Pérez, Alexis Domínguez Pérez, Milynali Piña Pérez e Ignacio Pérez Rodríguez, desaparecidos el 15 de agosto de 2012 cuando regresaban a Ciudad Mante, Tamaulipas, procedentes de Texas.
Recurrieron a las Policías y Procuradurías estatales y federales sin encontrar respuesta, emprendieron su propia búsqueda, se unieron a otros colectivos de familiares. Y siguen buscando y demandando respuestas.
“Porque nadie tendría que dedicarse a esto, es que seguiremos exigiendo resultados”, señaló hace unos días Edith Pérez, madre de Aldo de Jesús y José Arturo, e integrante de los colectivos Voz y Dignidad por los Nuestros y Milynali Red en la ceremonia de inicio de adecuaciones del inmueble que ocupará el Centro Nacional de Identificación Humana.
Sin embargo, advierte Enríquez, integrante del Consejo Nacional Ciudadano de la CNB, no se trata solamente de un tema de recursos.
“Estamos en una situación realmente grave. Se ha normalizado en el discurso, se ha repetido tanto, pero para la sociedad no termina de estar claro todo lo que representa esta crisis, que no es nada más un problema de logística que se salió de las manos. Esto es resultado de décadas de impunidad en el País”, remarca.
“No solo se trata de tener mejores edificios para los servicios médicos forenses, o más instrumentos y más materiales. Además de hacer esto y de tener personal suficiente, bien remunerado y con condiciones de trabajo adecuadas, también tiene que haber una garantía de que esto va a continuar en los siguientes años”.
En este momento, considera, el reto más importante consiste en garantizar el intercambio de información y la complementariedad de esfuerzos, incluyendo los de los colectivos de búsqueda.
“Es ahí donde me parece que estamos ahora atorados. Por un lado hay tal vez acciones de búsqueda que hacen las comisiones y que no se están reflejando en las investigaciones, y viceversa, un camino de repente en la investigación que requiere hacer acciones de búsqueda en determinados espacios, en los que las comisiones ya han intervenido y la información no se tiene registrada”, detalla.
Desidia y complicidad
El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha reprochado en más de una ocasión el que las propias autoridades frenen la respuesta del Estado en materia de desaparición forzada.
“Lo digo con toda claridad aunque luego no guste mucho; tenemos que romper con los obstáculos institucionales, con la pereza y celo institucional que sin lugar a dudas son un estorbo para que el Estado asuma su responsabilidad”, señaló el pasado 9 de agosto.
Y a la pereza y falta de compromiso se suma en muchos casos la complicidad.
Para Juan Carlos Gutiérrez, director de i(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la violencia persistente en el País, la ausencia de acciones para enfrentar fenómenos como la trata de personas, el incumplimiento de acciones previstas en la ley sobre desaparición y el contubernio entre delincuencia y autoridades, hacen que la situación se vuelva incontenible.
La impunidad, advierte, cierra la pinza que no permite abatir la desaparición de personas.
“Y la impunidad no es un rasgo exclusivo del ámbito federal. La impunidad es en su gran mayoría atribuible a las fiscalías estatales, y a los vínculos estructurales que existen entre los actores de la desaparición, es decir bandas del crimen organizado y funcionarios estatales y policiales”, apunta en entrevista.
Señala el caso de Édgar Veytia, ex Fiscal de Nayarit que purga una condena de 20 años en Estados Unidos por narcotráfico .
El Fiscal ordenó un día la desaparición de 20 personas, con utilización de vehículos y estructuras policiales, pero, apunta, no ha sido procesado por ese delito.
Existen ya, remarca, suficientes instrumentos legales e institucionales para enfrentar el problema, pero sigue faltando voluntad política.
Señala que, a nivel federal, el esfuerzo se ha concentrado solo en la Segob, mientras que otras dependencias, como Relaciones Exteriores para el caso de los migrantes desaparecidos, brillan por su ausencia.
