CIUDAD DE MÉXICO.-La extorsión se ha multiplicado en México y tiene encendidas las alertas en el Gobierno federal.
Durante la conferencia matutina, la Federación reconoció que este delito representa un reto.
«La extorsión sigue siendo un reto, pues se incrementó 18.2 por ciento», admitió ayer en un video proyectado en Palacio Nacional sobre los resultados de seguridad en 2022.
Este porcentaje de aumento corresponde tan sólo al último año; sin embargo, la tendencia al alza se ha mantenido en lo que va de la actual Administración morenista.
De hecho, la extorsión se ha disparado más de 60 por ciento desde 2018, año en que inició la Administración de Andrés Manuel López Obrador.
Entre enero y noviembre de 2021, se registraron 8 mil 604 víctimas de extorsión con base en carpetas de investigación, es decir, sin contar la cifra negra.
En el mismo periodo de 2022 sumaron 10 mil 170, lo que representó un crecimiento de 18.2 por ciento, el reportado ayer por el Gobierno federal.
Sin embargo, si 2022 se compara con 2018, el incremento es de 60.7 por ciento, ya que entre enero y noviembre del último año del sexenio de Peña Nieto se reportaron 6 mil 328 víctimas.
El crecimiento de la extorsión no fue mencionado por ninguno de los integrantes del gabinete de seguridad durante sus exposiciones.
Pero se incluyó en el denominado Informe Anual de Seguridad y en el video alusivo al mismo.
Para el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, el delito de extorsión, en sus múltiples manifestaciones, ha rebasado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno.
No sólo por la dimensión del problema que va en aumento, según sostiene en un informe presentado el pasado 30 de noviembre, sino por los rasgos que ha adquirido.
En el informe «La extorsión bajo el caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas», la organización advierte que la impunidad frente a este ilícito es prácticamente absoluta.
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad alerta que los riesgos para los extorsionadores son mínimos y las ganancias enormes por el atraso normativo, la baja denuncia y la incapacidad de las autoridades.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó bajas en otros delitos, como homicidio doloso, feminicidio, secuestro y robo en distintas modalidades.
