Fabiola Sánchez
El Centro de Rehabilitación Varonil denominado “Rompe Cadenas e Impacto de Fe”, opera de manera irregular al no contar con ningún permiso, ni municipal, ni estatal. Autoridades municipales hacen la primera notificación ante la falta de documentos.
Este lunes al mediodía, personal del departamento de Obras Públicas, Ecología y Protección Civil, sitiaron el anexo varonil, ubicado en la calle Gustavo Díaz Ordaz, esquina con Emiliano Zapata de la colonia 288, para llevar a cabo una inspección de permisos municipales.
El Director de Obras Públicas, Jesús Ballesteros informó que, desafortunadamente el Centro de Rehabilitación no cuenta con los permisos de suelo, ni medio ambiente, los cuales son otorgados por el municipio.
Sin embargo, como si lo anterior fuera poco se dio a conocer que, al momento de solicitar el permiso de la Secretaria de Salud y Centro de Adicciones, los encargados no pudieron comprobar a las autoridades municipales la documentación para operar.
El funcionario municipal detalló que, en lo que compete al municipio se hace entrega de la primera carta de notificación por la falta de permisos municipales y en se programa una segunda visita esta misma semana.
Reiteró Jesús Ballesteros que, si durante en los próximos días el propietario del anexo no se acerca a regularizar su situación ante las autoridades competentes, se procederá con la clausura definitiva del Centro de Rehabilitación.
Manifestó que, estas revisiones se realizaran en todos los establecimientos que se encuentra actualmente operando como clínicas de rehabilitación o anexos de la localidad, para determinar si cuentan con la documentación en regla o se encuentran de manera irregular.
Señaló que, en lo que va de la administración no se ha otorgado ningún permiso para la instalación de un anexo de rehabilitación, ni se han renovado permisos, sin embargo, si se recibió la solicitud de intensión.
Cabe hacer mención que, de este anexo el pasado domingo se dio a conocer la privación de la libertad de un joven, a quien le negaban la salida y exigían un pago de 18 mil pesos para su liberación.
Así mismo, el “padrino”, Eduardo Lozano, quien se identificó como encargado del anexo aseguró contaban con todos los permisos requeridos por las autoridades estatales y municipales, además informó que actualmente se encontraban internados 35 hombres.
