Un tribunal federal ordenó revisar si es legal el acuerdo reparatorio suscrito entre Alonso Ancira y Pemex por más de 216 millones de dólares.
La orden judicial responde a que Grupo Villacero, de Julio César Villarreal Guajardo, reclamó mediante un amparo el incumplimiento de un cláusula que obligaba a Alonso Ancira a venderles el 55 por ciento de Altos Hornos de México (AHMSA).
El Tercer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México ordenó a un juez de control federal del Reclusorio Norte determinar si el aparente incumplimiento constituye o no una violación al acuerdo pactado y el contrato de compra venta de acciones.
Ancira ya ha pagado 104 millones 166 mil 50 dólares, de los 216 millones 664 mil 40 dólares que acordó garantizarle a Pemex, como condición para que fuera suspendido condicionalmente su proceso penal por el Caso Agronitrogenados y saliera en libertad.
Según los antecedentes, el 24 de noviembre de 2021, la empresa Alianza Minerometalúrgica Internacional (AMI), subsidiaria de Grupo Villacero, presentó un escrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para pedir que se revisaran violaciones al acuerdo reparatorio.
Seis días después, Pedro Serret Hernández, administrador del Centro de Justicia, respondió por escrito que era improcedente la petición porque la compañía carecía de personalidad jurídica para plantear este reclamo, dado que no era parte del proceso penal, ni suscriptora del acuerdo y tampoco afectaba a su patrimonio el aparente incumplimiento.
El colegiado otorgó el amparo contra esa respuesta porque estimó que era violatoria del debido proceso y acceso a la justicia, ya que este tipo de promociones debe resolverlas un juez y no un funcionario administrativo, como lo es el director del Centro de Justicia.
Por ello, ordenó enviar la solicitud de la subsidiaria de Villacero a un juez, para que resuelva lo que corresponda.
El 19 de abril de 2021 Alonso Ancira abandonó el Reclusorio Norte, tras pactar el pago de una reparación del daño de 216.6 millones de dólares en favor de Pemex, por el caso de la planta «chatarra» de Agronitrogenados.
Ancira estuvo procesado por el delito de lavado de dinero, por el pago de 3.4 millones de dólares a Emilio Lozoya, dinero que la FGR acusa como un soborno para que Pemex le comprara a AHMSA la planta de Agronitrogenados.
