Actualmente, vender una propiedad de la manera tradicional conlleva un tiempo promedio de nueves meses.
Comprar o vender una vivienda en México puede ser un proceso largo, costoso y, en ocasiones, frustrante. Entre la maraña de trámites, procesos anticuados y manuales, la falta de claridad en los costos y el largo tiempo que lleva — nueve meses en promedio — cerrar una compraventa, muchos se preguntan: ¿es posible imaginar un proceso más eficiente y transparente? La respuesta es un rotundo sí.
Imaginemos un escenario en el que comprar una casa sea tan sencillo como solicitar un crédito en línea. Los trámites estarían centralizados en una plataforma nacional de registro público, donde la información de escrituras, avalúos y antecedentes de propiedad esté digitalizada y disponible en tiempo real. El comprador sabría exactamente qué está adquiriendo y a qué precio. Además, una plataforma nacional catastral permitiría que todos los datos sobre la ubicación y características de las propiedades fueran accesibles de manera inmediata y confiable.
Este futuro no solo transformaría la experiencia de los compradores y vendedores, sino que también abriría la puerta a una mayor inclusión financiera. Un mercado inmobiliario más transparente y eficiente permitiría a bancos y entidades financieras estimar con mayor precisión las garantías ofrecidas en los créditos hipotecarios.
Esto facilitaría el acceso al financiamiento para más familias, ampliando las oportunidades de convertirse en propietarios. La vivienda dejaría de ser un privilegio reservado para unos pocos y se convertiría en un motor de desarrollo social y económico.
Ejemplos de otros países nos muestran que este modelo es posible. En Estonia, la digitalización de los registros públicos ha reducido significativamente los tiempos y costos de las transacciones inmobiliarias. En Singapur, las políticas de vivienda pública han logrado una tasa de propiedad del 90% gracias a sistemas eficientes y accesibles. México tiene el potencial de seguir este camino, pero requiere un compromiso conjunto entre el sector público y privado.
El papel del gobierno es crucial. Actualmente, cada registro público y municipio en México opera bajo reglas propias, lo que genera fragmentación e ineficiencia. Además, existen intereses que obstaculizan la digitalización y modernización de estos sistemas, ya sea por falta de voluntad política o por resistencias locales.
Por ello, el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de la nueva Agencia de Digitalización liderada por Pepe Merino, debe asumir un rol de liderazgo, utilizando su capacidad de persuasión e influencia para coordinar y estandarizar los esfuerzos en todo el país. La modernización y digitalización de los registros públicos no sólo reducirían los costos y tiempos asociados con las transacciones, sino que también combatirían problemas como la corrupción, fraudes y la inseguridad jurídica en general. Además, impulsarían el desarrollo de herramientas financieras innovadoras que respondan a las necesidades de un mercado más dinámico y formal.
En un mercado inmobiliario más transparente y accesible, todos ganan. Las familias tienen mejores oportunidades para adquirir vivienda; los bancos, más herramientas para evaluar riesgos; y el país, un sector inmobiliario más robusto y confiable. La tecnología y las ideas están sobre la mesa. Ahora, es momento de que el gobierno tome acción para que todos los agentes que operan en el mercado inmobiliario puedan transformar este sueño en una realidad. ¿Qué nos detiene?
Por El Economista
