Con apoyo de la Policía Federal Ministerial, actuará personal del Juzgado Cuarto de Distrito, pues los encargados se niegan a entregar la unidad
Alexis Massieu
La Prensa
Con el apoyo de la Policía Federal Ministerial, personal del Juzgado Cuarto de Distrito sacará mediante el uso de la fuerza un vehículo de la pensión de Grúas Salas en Ciudad Frontera, luego de que los encargados se han empecinado en no entregarlo.
Será el próximo jueves tres de abril a las 13:15 horas que con el apoyo de la policía, el personal del juzgado federal local en compañía de la afectada de nombre Josefa Minerva, y de su abogado, se presentarán en las instalaciones de las referidas grúas, para ordenar que le devuelvan la unidad, o de lo contrario, ingresar por la fuerza a las instalaciones para llevárselo.
Además de la entrega forzada del vehículo de la afectada, el Juzgado Federal multó a la encargada de las grúas, cuya sanción se hará efectiva mediante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Según el expediente 902/2024 del juicio de amparo, desde el pasado 19 de noviembre del 2024, los encargados de las Grúas Salas han estado violentando los derechos de la afectada, al desobedecer una orden emitida por el Ministerio Público Federal, identificada con el oficio SAB-EIL-C4-956/2024, para la entrega del vehículo.
De la misma manera, los de las grúas han desobedecido las ordenes del juzgado, desde el día 9 de diciembre del año pasado cuando se les dijo que tenían que devolverle la unidad.
En caso de desobediencia o de oponerse a la entrega del vehículo a la parte quejosa, que será sin costo alguno, el Juzgado Federal advirtió que se procederá en contra de quien aparece dentro del proceso como la encargada o propietaria, dándosele vista al agente del Ministerio Público de la Federación para que la investigue por el delito de desacato.
Cabe señalar que ante el Juzgado Federal local se han presentado múltiples demandas de amparo en contra de las Grúas Salas, obligándola a que entregue los vehículos que indebidamente han retenido, y sin que los afectados deban pagar dinero alguno, incluyendo la entrega de vehículos que ya habían vendido.
