Señalan que primero fue el Juez Saúl Martínez Lira quien bloqueó todo intentó de rescatar a la empresa, y ahora es MADISA
Alberto Rojas Carrizales
LA PRENSA
Aún cuando la inmensa mayoría de los acreedores de AHMSA, no desaprobaron durante el plazo otorgado por el Juzgado las bases de la subasta planteadas el 11 de septiembre, los trabajadores esperan más agilidad de la dependencia para dar luz verde al síndico Víctor Aguilera a que lance la convocatoria.
Y si en 2023 fue Saúl Martínez Lira un juez a modo para bloquear cualquier intento de venta, cambio de Consejo de Administración y reactivación de AHMSA, el Sindicato Democrático a través de su representante Ismael Leija, estima que similar papel asume ahora el acreedor Máquinas Diésel SA de CV, objetando, impugnando y poniendo trabas a todo avance para terminar el Concurso Mercantil.
“El litigio no se puede prolongar indefinidamente, se tiene que llegar a la conclusión con la liquidación de la empresa y el pago a los trabajadores a la brevedad, tiene que haber voluntad para eso a la brevedad después de casi tres años de sufrimiento para los trabajadores y sus familias”, manifestó por su parte Alfredo Reyna.
El vocero del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, indicó que es urgente la venta de la quebrada siderúrgica luego de casi tres años de difícil situación donde no únicamente trabajadores sindicalizados y empleados han fallecido y enfermado por síntomas derivados de estrés y depresión, sino también gente que económicamente dependía en forma indirecta.
Fuentes cercanas al proceso de Concurso Mercantil, advirtieron que podría prolongarse el litigio a todo lo largo de 2026 y años posteriores en forma indefinida en caso que continúen las impugnaciones contra resolutivos y planteamientos orientados a consumar la anhelada venta de AHMSA- MINOSA.
Más todavía, di las impugnaciones finalmente son rechazadas por el Juzgado Segundo en Concursos Mercantiles pero ventiladas en recurso de amparo en el Juzgado Primero Especializado en Concursos Mercantiles, por lo que podrían ser más años de espera.
“Cada nuevo recurso legal representa meses o años de retraso y la pagan los trabajadores que siguen esperando una respuesta y un pago justo”, reiteró Leija Escalante, al insistir en una cercana audiencia con autoridades federales en la Ciudad de México para exponer el tema.
“Los trabajadores insisten en que la prioridad debe ser destrabar el proceso judicial y permitir la venta definitiva de los activos, a fin de que nuevos inversionistas puedan reactivar la producción y cumplir con las deudas laborales”, subrayó el representante del Sindicato Democrático.
