Jamil Dakwar, director del programa de Derechos Humanos de ACLU, informó que se han lanzado 45 agresiones y causado la mu3rte de aproximadamente 157 personas
AP.— La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) le pidió el viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) crear un grupo de expertos que investigue los ataques que Estados Unidos ha realizado en aguas internacionales contra pequeñas embarcaciones en su lucha contra el n4rcotráfico.
En una audiencia sobre la situación de los derechos humanos en operaciones de seguridad extraterritoriales, Jamil Dakwar, director del programa de Derechos Humanos de la ACLU, relató cómo los ataques estadounidenses han dejado al menos 157 mu3rtos desde que comenzaron en septiembre pasado. La audiencia forma parte del 195º periodo de sesiones que realiza la CIDH en Guatemala.
El más reciente ocurrió el domingo, cuando las fuerzas armadas estadounidenses informaron que mataron a seis hombres que viajaban en una pequeña embarcación que presuntamente llevaba dr*gas en el Pacífico oriental.
“Hasta el 12 de marzo de 2026, Estados Unidos ha lanzado 45 ataques armados contra embarcaciones, principalmente en aguas internacionales, causando la mu3rte de aproximadamente 157 personas, con sólo 3 sobrevivientes confirmados y 9 desaparecidos”, denunció el abogado, que le explicó a la comisión que, “si bien esta audiencia no se centrará en ningún ataque letal en particular ni en víctimas o sobrevivientes individuales, debemos recordar que todas estas personas tienen nombres, familias y vidas que jamás volverán a ser las mismas”.
Una de las preocupaciones más visibles en la comisión fue que apenas se ha logrado identificar a dos víctimas.
“Son ataques tan letales que no queda rastro de las víctimas, y sus familias tienen temor de hablar”, dijo el abogado Stephen Watt, también de la ACLU, a The Associated Press.
Dakwar dijo que las acciones estadounidenses entran en el rango de ejecuciones extrajudiciales, por lo que pidió a la comisión investigar sobre los ataques letales de Estados Unidos, que documente e informe sobre las implicaciones de esta política para los derechos humanos de víctimas y sobrevivientes, sus familias y las comunidades de los Estados miembros de la OEA que han sido afectados.
“Se trata de ejecuciones extrajudiciales premeditadas e intencionadas que carecen de justificación legal plausible. Por lo tanto, fueron simplemente asesinatos ordenados por individuos en los más altos niveles del gobierno y ejecutados por oficiales militares en la cadena de mando”, dijo Dakwar a la comisión.
Dakwar también pidió que la comisión declare que la política estadounidense de efectuar ataques letales contra las embarcaciones viola el derecho internacional, así como pedir la desclasificación de la “opinión secreta” de la oficina jurídica del Departamento de Justicia, en la cual se basa el gobierno estadounidense para justificar los ataques.
“Ningún país, por muy poderoso que sea, tiene derecho a realizar ataques militares ilegales que causen muerte, violencia y daños a personas y comunidades”, manifestó.
Carl Anderson, de la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Estado estadounidense, habló en nombre de su país y reclamó que la comisión concediera una audiencia para tratar este tema, cuando en Estados Unidos hay procesos judiciales internos para tratar el tema.
“No nos sorprende que la ACLU tome cada oportunidad para criticar los esfuerzos exitosos de la administración Trump para hacer nuestro hemisferio más seguro y proteger a la gente» del continente americano, manifestó.
Anderson también le recordó a la comisión que su país es uno de sus principales proveedores de fondos.
Por su parte, Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, manifestó en un comunicado que la CIDH «se extralimitó en su mandato y actuó fuera de su competencia al celebrar una audiencia temática sobre las operaciones antiterroristas de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico Oriental”.
Dijo también que dicha comisión le permitió a la ACLU aprovechar para intentar “obligar a Estados Unidos a revelar prematuramente argumentos y pruebas en dos casos pendientes ante tribunales federales estadounidenses”, y que el organismo carecía de competencia.
En la audiencia también participó —mediante teleconferencia— el relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, Ben Saul, quien también calificó de “ejecuciones extrajudiciales” los ataques estadounidenses en aguas del Caribe y el Pacífico.
La comisión recordó que las audiencias temáticas no forman parte de procesos o investigaciones, y se desarrollan con el aval de los Estados y en aras de diálogo entre la sociedad civil y estos.
Por Latinus
