Rubén Moreira Valdez
En México, el 59.8 por ciento de la población que habita en las 91 áreas urbanas que considera la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) se siente insegura. Irapuato, Culiacán y Reynosa son las ciudades con los peores indicadores. Esto no resulta extraño si partimos de que la primera se ubica en un corredor afectado por el fenómeno del huachicol y por su cercanía con el peligroso estado de Michoacán. La segunda es la capital de Sinaloa, donde hace más de un año se rompió la llamada “paz narca”; ahí no existen instituciones sólidas y la guerra entre las bandas no disminuye su intensidad. En cuanto a la ciudad tamaulipeca, el dominio de los cárteles y la permisividad del gobierno federal ayudan a explicar la percepción de inseguridad que refleja la encuesta.
En las tres ciudades reina el crimen organizado y las organizaciones más violentas, dedicadas al narcotráfico y al comercio ilegal de combustibles, se han apropiado también del resto de las actividades ilícitas. El robo, la extorsión y el secuestro son, entre otros delitos, fuentes de ingresos para estas poderosas corporaciones criminales. Cuando un político despistado o un mañoso agente de seguridad afirma que la mayoría de los delitos corresponden al fuero común, dice una verdad a medias: pretende confundir y desviar la atención y, en consecuencia, poco contribuye a resolver el problema.
Además, el aumento de la extorsión, en sus distintas modalidades, se traduce en el pago no solo de cuotas para transitar o producir, también se cobra por no ser asaltado o asesinado. La mafia brinda protección a miles de taxistas y productores en el país, e incluso “imparte justicia” en regiones de numerosas entidades.
Solo un político hipócrita o una autoridad coludida puede negar la intromisión de los grupos criminales en los gobiernos municipales, particularmente mediante el trasvase de recursos públicos. Algunos alcaldes, quizá muchos, actúan conscientemente al servicio del crimen; otros, en cambio, consideran que no tienen alternativa y prefieren salvar la vida.
La encuesta también pregunta en qué lugares la gente se siente más insegura, y las respuestas son reveladoras: el 70 por ciento tiene miedo al acudir a un cajero automático; el 63 por ciento, al caminar por la calle y, un porcentaje similar, al utilizar el transporte público o transitar por las carreteras.
El estudio se aplica desde 2013 y goza de gran credibilidad por el prestigio de la institución que lo elabora. Expertos y académicos lo utilizan para sus investigaciones y conclusiones; las autoridades deberían hacer lo mismo. Sin embargo, muchas lo ignoran y otras incluso lo descalifican.
Tenemos una burocracia que, en buena medida, rehúye enfrentar los problemas con base en la evidencia, la ciencia y la crítica seria, y opta por soluciones equivocadas. No desconozco que una parte de ella responde a intereses ilegales y que, por lo tanto, jamás buscará el bienestar de la comunidad.
La encuesta también ofrece algunas buenas noticias: seis ciudades presentan condiciones óptimas en materia de seguridad y tres de ellas se encuentran en Coahuila, una entidad que vive su tercer sexenio consecutivo de paz. Ese éxito radica en la decisión de los gobiernos locales y en su capacidad para coordinarse con los demás órdenes de gobierno y con la sociedad.
Publicado por Iris Camila Beltran
