HRW acusó que los dichos del titular de Marina contra el Poder Judicial son símbolo de la militarización y la degradación del Estado de Derecho en México.
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) condenó que el secretario de Marina Armada de México, José Rafael Ojeda, considere como “enemigo” al Poder Judicial porque hay jueces que impiden concretar detenciones.
“Todo un símbolo de la militarización de México y la degradación del Estado de Derecho en la presidencia de AMLO (Andrés Manuel López Obrador). Muy peligroso”, advirtió José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, en sus redes sociales.
Vivanco calificó de “indignantes” las declaraciones del almirante Ojeda, quien se quejó del actuar de los jueces en la captura de capos del narcotráfico y de decomisos de droga.
“Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención”, declaró el titular de la Semar.
El almirante lamentó que “no tienen muchas ayudas de jueces y ministerios públicos” al momento de capturar o decomisar, al responder a una pregunta de un reportero sobre un aseguramiento de metanfetaminas en Guaymas, Sonora, en el noroeste del país, que iba hacia Barcelona, España.
“Debemos ir cerrando el círculo, incluso también estamos trabajando en una nueva reforma para, dentro de los decomisos que se hagan, poder meter más sustancias que son precursores químicos que van a dar a la producción de metanfetaminas y el fentanilo”, argumentó.
En respuesta, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación emitió un pronunciamiento ante la “necesidad de aclarar” que “no son ni enemigos ni amigos de nadie, sino que obedecen únicamente la Constitución”.
Mientras que, sin referirse de manera directa, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar, tuiteó que “la función de las y los jueces federales es defender los derechos humanos y la Constitución”.
El creciente rol de las Fuerzas Armadas en la Justicia mexicana ha arreciado desde la llegada de López Obrador a la Presidencia, en diciembre de 2018, con la creación de la Guardia Nacional y una reforma que les autoriza a participar en tareas de seguridad pública.
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) advirtió esta semana que el gasto militar en México tuvo su nivel más alto en 2020, mientras que el de seguridad pública su punto más bajo en 12 años.
El gasto militar representó más de 140 mil millones de pesos, un crecimiento anual de 7.6 por ciento, mientras que la inversión en seguridad pública cayó 4.5 por ciento a cerca de 40 mil millones de pesos.
Además, López Obrador ha pedido investigar a jueces al acusarlos de servir a “intereses privados”.
En la misma rueda de prensa, pidió que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) “conozca” que un juez exoneró de un crimen a José Antonio Yépez, alias “El Marro“, uno de los capos más peligrosos del país, detenido desde el año pasado en Guanajuato.
“Hoy en la mañana vimos que un juez exonera a un jefe de una banda que está preso en Guanajuato, en el Altiplano”, lamentó.
En este contexto, Vivanco de HRW consideró que el “Estado de derecho está bajo ataque en México”.
“Esta debería ser una llamada de alerta”, indicó.
