El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) interpuso una controversia constitucional en contra de diversas disposiciones contenidas en el decreto por el que se ordena al regulador instalar, operar, regular y mantener el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
Al emitir el decreto, señaló el IFT, el Congreso de la Unión invadió la autonomía presupuestaria del IFT, así como sus facultades regulatorias, lo cual afecta su garantía institucional y autonomía, transgrediendo el principio de división de poderes.
«El IFT no cuenta con los recursos para cumplir el mandato legislativo de poner en marcha el registro del Panaut con cargo a su presupuesto. La totalidad de los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal 2021, están asignados a las funciones que mandata la Constitución a este órgano regulador.
«Para el IFT, este ordenamiento legal contraviene su autonomía presupuestal, consistente en llevar a cabo la planeación y ejercicio de los recursos que considera necesarios de forma autónoma, eficaz y oportuna en el marco de sus competencias», señala el regulador.
El Panaut, advirtió, le impide cumplir con su objeto constitucional contenido en los artículos sexto y séptimo; toda vez que lo obliga a implementar un modelo regulatorio que condiciona el acceso a los servicios de telecomunicaciones y con el cual habría cancelación de líneas telefónicas móviles.
Asimismo, lo obliga a emitir las disposiciones administrativas de carácter general para operar el Panaut en términos contrarios al objetivo para el cual fue creado el Instituto.
