Por Wendy Riojas
Al considerar que la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) pondría en riesgo la autonomía de las autoridades electorales y las haría vulnerables al financiamiento de grupos políticos, económicos o del crimen organizado, la CMIC se pronunció en contra de la desaparición del INE y del TRIFE.
El Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción en Monclova, Eugenio Williamson Yribarren, informó que los Consejeros y magistrados electorales electos por votación popular pondrían en riesgo autonomía e integridad del sistema electoral.
Y declaró: “No estamos de acuerdo que conviertan al INEC en un jugador y arbitro en el ámbito electoral, ellos votarían a sus propios magistrados y consejeros y no sería algo justo, se podrían inclinar hacia un solo partido político, no estamos de acuerdo”.
El empresario, señaló, que en sus 70 años de vida, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) nunca ha calificado ni descalificado las propuestas en función del color político que las promueve.
Sin embargo, mencionó, que siempre han defendido los valores de libertad, democracia, justicia, Estado de Derecho, federalismo y equilibrio de poderes porque fortalecen a México y contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.
Y declaró que la transición democrática de México, iniciada hace tres décadas, dio lugar a elecciones libres, un sistema plural y competitivo de partidos políticos; instituciones electorales ciudadanas y autónomas.
Por lo que señaló: “Expresamos nuestra profunda preocupación en torno a la Iniciativa de reforma constitucional formulada por el Ejecutivo Federal donde se propone la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE)”.
También informaron que les preocupa la creación de un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) que centralizaría todas las actividades electorales, con elección de consejeros y magistrados electorales por la vía del voto popular, alterando además el financiamiento a los partidos, las reglas de representación política y la composición de los órganos legislativos.
Y mencionan: “Consideramos que la elección de consejeros y magistrados a través de elecciones populares convertiría al árbitro electoral en un jugador más del escenario político, poniendo en riesgo la autonomía de las autoridades electorales, haciendo a éstas, además, vulnerables al financiamiento de grupos políticos, económicos o del crimen organizado”.
Además, que un sistema de representación legislativa puramente proporcional (que elimina la elección directa en distritos uninominales) rompería el vínculo de los representantes populares con las y los ciudadanos, dando más poder a las dirigencias partidistas y menos poder a la ciudadanía.
Por lo tanto convocaron a los representantes populares en el Congreso de la Unión a rechazar categóricamente la Iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que el Ejecutivo Federal ha turnado al poder legislativo porque ésta pone en riesgo los avances de la transición democrática mexicana, amenaza la integridad del sistema electoral y reduce el poder de la ciudadanía.
