Comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la sociedad, obtuvieron en días pasados la suspensión definitiva en contra del Tren Maya, relacionada con un amparo presentado en julio.
«Como efecto de la suspensión no se podrán ejecutar obras nuevas con relación al proyecto Tren Maya en el tramo 2, que abarca de Escárcega a Calkiní, en el Estado de Campeche (y que ya está en desarrollo)», informaron en un comunicado las organizaciones Centro Mexican de Derecho Ambiental (Cemda), Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).
Xavier Martínez, director técnico del Cemda, explicó que la suspensión servirá para no permitir que siga la construcción de rieles, estaciones, relleno de cenotes, polos de desarrollo y la remoción de 800 hectáreas de vegetación en la región.
«La jueza consideró que hay elementos suficientes para conceder una suspensión, esto quiere decir que el juicio no está ni cerca de terminar, pero se concede esta decisión, que lo que busca es dejar las cosas como están para que comunidades, colectivos, podamos no ser violentados en nuestros derechos en lo que se resuelve el juicio, es una decisión intermedia, de conceder la suspensión.
«La jueza considera también que hay argumentos suficientes para considerar que de continuarse las obras se podría generar un daño irreparable al daño ambiente y por lo tanto es procedente a lo que ordena la Constitución», dijo.
Las autoridades responsables de la obra que deberán acatar la suspensión concedida por la autoridad judicial son el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como Fonatur Tren Maya.
Con esta determinación, tampoco podrán continuar las obras del tramo 1 del Tren Maya, pese a la reciente autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ya que dentro de ésta se incluyen obras nuevas en el tramo 2 de Escárcega a Calkiní.
«El colectivo de personas y organizaciones que interpusimos la demanda de amparo, decidimos conjuntamente ejercer nuestro derecho de acceso a la justicia, debido a las violaciones a nuestros derechos humanos fundamentales como el acceso a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, ocasionados por los graves impactos ambientales y sociales del proyecto integral Tren Maya», aseveraron.
Asimismo, pidieron a la autoridad judicial que actúe con mayor diligencia en este caso, pues en los diferentes procesos de defensa que se han interpuesto en la Península de Yucatán hay retrasos.
«Existe una tardanza generalizada en la admisión de las demandas entre cuatro y seis meses, suspensiones insuficientes, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables», sostuvieron.
