Las empresas Coca-Cola, Pepsi, Corona, Fud y Bonafont reanudaron el reparto de sus productos en Acapulco pero con vigilancia policiaca.
La mañana de este sábado, los vehículos repartidores de estas empresas volvieron a salir a repartir sus productos. Muchos de estos camiones fueron vigilados por patrullas de la Policía Estatal.
De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero este sábado policías estatales, soldados de la Guardia Nacional, del Ejército y personal de la Fiscalía General de Estado implementaron una operación para “generar condiciones para la continuidad de las actividades económicas”.
“La Policía Estatal y la Guardia Nacional, trabajan de manera coordinada con la ciudadanía, involucrando a empresarios, comerciantes y sectores productivos locales, mediante la aplicación de protocolos de seguridad, comunicación y acompañamiento para prevenir incidentes, fortalecer la tranquilidad de la ciudadanía y garantizar el funcionamiento eficiente de las actividades comerciales”.
En una fotografía que difundió el gobierno de Guerrero se ve cómo patrullas de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional vigilan instalaciones de estas empresas y así como los vehículos repartidores.
La suspensión del servicio ocurrió tras el ataque a tres repartidores, donde murieron dos y uno resultó herido.
La tarde del jueves, en menos de una hora —de 5 a 6 de la tarde— fueron atacados tres choferes de camiones repartidores; dos murieron.
Alrededor de las 5 de la tarde, a unos metros de la Costera Miguel Alemán, cerca de la playa Las Hamacas, fue asesinado a balazos un chofer de un camión repartidor de la Corona.
Media hora después, en la colonia Hogar Moderno, fue atacado a tiros el chofer de un camión de la empresa Fud. El empleado quedó herido y fue trasladado a un hospital.
A las 6 de la tarde, en la colonia Vista Alegre fue asesinado un promotor de la empresa de Coca-Cola.
Hace un año, en Acapulco se vivió una situación similar, choferes del transporte público fueron atacados por hombres armados. Unos fueron asesinados y a otros más les quitaban sus unidades y las quemaban.
Las agresiones eran parte del hostigamiento que empleaban las organizaciones criminales para exigir el pago de la extorsión.
El servicio del transporte público estuvo suspendido durante unos 15 días, cuando los choferes consideraron que se sentían seguros. En esos días, a través de patrullas de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional dieron el servicio a los trabajadores y estudiantes que requerían llegar a sus centros de trabajo y escolares.
