Además de un exnarcotraficante
Estarán en la boleta para juez federal; según advierten los críticos, podrían poner en peligro el Estado de derecho del país
Por Staff/Forbes
La Prensa
MÉXICO.- Cuando los residentes de Durango voten en las primeras elecciones judiciales de México el próximo fin de semana, Leopoldo Chávez estará en la boleta para juez federal, a pesar de los casi seis años que cumplió en una prisión estadounidense.
Chávez fue condenado por delitos de drogas: por contrabandear más de 4 kilogramos de metanfetaminas en 2015. Durango es parte del Triángulo Dorado de México, una región controlada por cárteles que cultiva marihuana y amapola de opio.
“Nunca me he presentado como el candidato perfecto”, dijo Chávez en un video compartido en Facebook. Aseguró que no tenía nada que ocultar y que ya había cumplido su condena. Declinó hacer comentarios a Reuters.
En Jalisco, en la costa del Pacífico, Francisco Hernández se postula para ser magistrado penal a pesar de que la última vez que sirvió como juez fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal después de una investigación sobre denuncias de abuso sexual y corrupción.
Declaró a Reuters que las acusaciones eran de “calumnia y difamación”. “Que me juzgue el pueblo”, sentenció.
En Nuevo León, Fernando Escamilla aspira a convertirse en juez penal federal y afirma que su labor legal asesorando a los abogados de miembros del violento cártel de Los Zetas no debería serle imputada. Su conocimiento de la ley de extradición, en la que asesoró a los capos, lo convirtió en un activo valioso, según declaró a Reuters en una entrevista.
“¿Ser asesor en derecho internacional o de extradición te da mala reputación pública? No lo creo, ya que es lo único que demuestra que tienes la capacidad y el conocimiento para manejar este tipo de situaciones”, dijo Escamilla.
De cara a las elecciones del 1 de junio, organizaciones civiles, asociaciones de jueces y algunos legisladores mexicanos están expresando serias preocupaciones sobre una votación que, según advierten los críticos, podría poner en peligro el Estado de derecho del país.
La controvertida reforma judicial fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador y apoyada Claudia Sheinbaum. Ambos afirmaron que erradicaría la corrupción en el deficiente sistema judicial y permitiría al pueblo decidir quién debe ser juez.
Alrededor de 5,000 candidatos compiten por más de 840 puestos federales, incluidos todos los jueces de la Corte Suprema.
Deber profesional
Quizá la candidata que ha acaparado más titulares es Silvia Delgado, quien representó al notorio ‘El Chapo’, exjefe del Cártel de Sinaloa, en 2016. Ella lo visitaba semanalmente en prisión para compartir actualizaciones antes de que fuera extraditado a Estados Unidos y finalmente sentenciado a cadena perpetua.
Ahora espera convertirse en jueza del fuero penal en Chihuahua.
En una tarde reciente en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Delgado desafió el calor sofocante para repartir volantes y charlar con los votantes afuera de una escuela local.
Delgado, una madre soltera que crio a cuatro hijos y se pagó sus estudios de derecho, tiene una figura carismática, con un traje de falda negro y tacones gruesos.
“Yo no soy corrupta. No te pueden quemar por haber representado a alguien”, sostuvo. “El mejor legado que puedo dejar, como ser humano y para mis hijos y nietos, es haber sido una persona íntegra, que siempre defendió a las personas”, agregó.
