A pesar de protestas y reclamos durante visitas presidenciales, los mineros que lograron salir con vida del derrumbe no han recibido atención ni respuesta oficial sobre su demanda
Alonso Crisante
LA PRENSA
SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.- A tres años del colapso e inundación de la mina El Pinabete, que costó la vida a diez mineros, los sobrevivientes exigen justicia y una reparación integral por los daños físicos, emocionales y económicos que han sufrido. Un grupo de cinco de ellos presentó una demanda legal contra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a la que responsabilizan por omitir sus funciones de inspección, supervisión y sanción, lo que derivó en la tragedia.
Gerardo Pérez Pérez, abogado y representante legal de los mineros Fidencio Sillas Álvarez, Héctor Javier Díaz Esquivel, Raymundo Tijerina Amaya, Jorge Alfredo Sánchez Domínguez y Fernando Pompa Orta, explicó que la demanda se fundamenta en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que establece que el gobierno debe indemnizar por los daños causados por su actividad administrativa irregular. Cada minero solicita una indemnización de 10 millones de pesos.
El reclamo apunta a la falta de cumplimiento de tres normas oficiales de la STPS (019, 023 y 032), que regulan la operación segura de minas subterráneas y a cielo abierto. Entre las irregularidades señaladas están la ausencia de estudios hidrológicos y geológicos, falta de planes y salidas de emergencia, y la aprobación para operar cerca de minas inundadas, lo que representaba un riesgo evidente.
Uno de los sobrevivientes, Fidencio Sillas, relató las secuelas físicas y psicológicas que le dejó el desastre. “Tengo fobia al agua”, confesó. Pese a su experiencia de 35 años en minería, con dos inundaciones previas menores, nunca enfrentó una situación tan grave como aquella, que lo dejó con costillas fracturadas y agua en los pulmones. Actualmente trabaja como ayudante de albañil con un salario mucho menor al que recibía en la mina, y denuncia que las promesas de apoyo del gobierno nunca se cumplieron.
Los mineros también denuncian que la supervisión en la mina era deficiente y realizada por ingenieros contratados por las empresas, sin intervención real de la Secretaría del Trabajo. Además, mencionan la falta de apoyo gubernamental para recibir terapias psicológicas, a las que deben trasladarse hasta Acuña por su cuenta.
Durante visitas de la presidenta Claudia Sheinbaum a la región para supervisar rescates, los sobrevivientes se han manifestado con pancartas exigiendo atención, pero aseguran que no han sido escuchados.
