Empresario regiomontano Roberto Blanco Cantú
Por liderar una red de contrabando de combustible desde puertos mexicanos
Por Jesús Ibarra/Proceso
La Prensa
CIUDAD DE MÉXICO.– La Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión contra el empresario regiomontano Roberto Blanco Cantú, alias El Señor de los Buques, por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos que operó desde puertos mexicanos hacia entidades del país, como Tamaulipas, Sonora y Baja California.
Fuentes federales confirmaron a Proceso que la FGR busca a Cantú para presentarlo ante un juez federal por delitos relacionados con la posesión, transporte y almacenamiento ilícito de combustible, así como asociación delictuosa.
La investigación lo vincula directamente con el Challenge Procyon, uno de los episodios más reveladores en la investigación contra Blanco Cantú, que ocurrió en marzo último, cuando el citado contenedor, procedente de Texas, atracó en el puerto de Altamira, Tamaulipas, descargando más de 10 millones de litros de diésel bajo documentación falsa que lo clasificaba como “aditivos para lubricantes”.
La embarcación estaba vinculada a la empresa regiomontana Intanza, relacionada con Blanco Cantú y sus socios, quienes operaban una red de importación fraudulenta desde Estados Unidos. El decomiso fue calificado por el gobierno de Claudia Sheinbaum como “histórico” y derivó en una serie de operativos que revelaron una estructura paralela de tráfico de combustible entre agentes aduanales, políticos, empresas de seguridad privada, mandos navales, empresarios y redes criminales, como lo documentó Proceso en su edición impresa de junio.
Según fuentes de la FGR, el desembarque del Challenge Procyon fue protegido por funcionarios de la Secretaría de Marina asignados a las aduanas de Altamira y Tampico, entre ellos los hermanos de origen sonorense Roberto y Fernando Farías Laguna, mandos marinos que facilitaron el ingreso de al menos 31 buques bajo esta modalidad ilegal.
La documentación presentada por Intanza fue completamente falsificada, y el combustible fue distribuido por tractocamiones rotulados con marcas como Mefra Fletes, propiedad de Cantú. Este incidente consolidaría su perfil como un operador clave en la trama del huachicol marítimo con combustible proveniente de Estados Unidos, un delito sobre el cual el Departamento de Justicia de EU, el FBI y el Tesoro estadunidense han puesto atención en meses recientes vinculándolo a una rama más del Cártel Jalisco Nueva Generación, como un intento sofisticado de expandir sus operaciones millonarias hacia el Caribe y América Central.
Blanco Cantú operaba a través de empresas como Mefra Fletes, SA de CV, Auto Líneas Roca y Petro Express, que carecían de permisos para importar hidrocarburos. Estas compañías compartían domicilios fiscales y representantes legales con otras entidades fantasma, lo que sugiere la existencia de una red diseñada para el desvío sistemático de combustible con impunidad.
En Sonora una operación similar transcurrió de manera paralela a los hechos de Altamira con el buque Torm Agnes en la Asipona de Guaymas, cuyas instalaciones son vigiladas por la empresa privada SEICSA, contratada por la Secretaría de Marina (Semar) mediante un contrato multianual de 65 millones de pesos para custodiar el puerto.
El contedor danés, proveniente del puerto de Houston, Texas, descargó el 20 de marzo de 2025 más de 2 millones 226 mil litros de diésel en el muelle 5 del puerto de Guaymas, Sonora. La operación se realizó bajo documentación falsa que lo clasificaba como “fluidos combustóleos”, sin declarar el verdadero contenido como hidrocarburo.
Previamente embarcó en el muelle 16 de la Refinería de Houston City, administrado por la empresa Valero Energy Corp., cuyo arribo fue procesado por la agencia de aduanas y fronteras CBP (siglas en inglés), según constata el registro de buques en comercio exterior, correspondiente a despachos, con folio CF1401, publicado el 25 de enero.
Lo más grave del episodio en Guaymas, como documentó Proceso, es que la descarga ocurrió cuatro días antes de la fecha oficial registrada, lo que sugiere una maniobra deliberada para evadir controles.
La Asipona de Guaymas, bajo control de la Secretaría de Marina, inicialmente negó tener registros del buque, pero documentos obtenidos vía transparencia por Proceso confirmaron la operación, así como la nula puesta en marcha del Sistema de Puerto Inteligente, un mecanismo preventivo diseñado para reforzar el seguimiento a llegadas, desembarques y partidas de buques contenedores.
A pesar de la presencia de SEICSA, el contrabando no fue detectado ni impedido, lo que ha encendido alertas sobre posibles omisiones y complicidades dentro del aparato de la Marina.
SEICSA es propiedad del cónsul honorario de Nicaragua en México: Elías Gerardo Valdés Cabrera, quien ha recibido más de 3 mil 900 millones de pesos en contratos federales desde el sexenio pasado.
Proceso buscó a este personaje el mes de mayo para obtener su postura sobre estos hechos, sin resultados.
Una trama amplia
La orden de aprehensión de Blanco Cantú se suma a la lista de al menos 14 personas detenidas por este caso, entre ellas empresarios, operadores financieros y marinos en activo. La FGR estima que los delitos podrían alcanzar penas de hasta 17 años de prisión.
La eventual captura de Blanco Cantú podría abrir una nueva fase en la investigación de la FGR y la Secretaría de Seguridad federal sobre el llamado huachicol marítimo transnacional, una modalidad que había operado hasta 2025 bajo la sombra de la vigilancia oficial desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien otorgó el control de los puertos mexicanos a la Marina en la primavera del año 2022.
Esta trama de corrupción se extendía por al menos 15 estados, con epicentros logísticos en puertos controlados por la Secretaría de Marina. El combustible ingresaba desde Estados Unidos y era distribuido por tractocamiones rotulados con marcas no acreditadas, sin que las autoridades aduaneras o portuarias intervinieran.
