Número cero
José Buendía Hegewisch
De aquellos vientos de confrontación política con el Poder Judicial el sexenio pasado ha llegado la tempestad de cambios en la justicia, aunque los problemas son más viejos. Uno central es el abuso del juicio de amparo aun cuando es esencial para limitar a la autoridad y preservar derechos fundamentales de las personas.
La presidenta Sheinbaum envió al Congreso en medio de las fiestas patrias una reforma a esta ley que, enseguida, prendió alertas por tratarse de un tema nodal de la justicia; un cambio en esta materia que proviene del gobierno siempre levanta polémica y más en un ambiente de temor por ejercicios autoritarios en la frontera de las protecciones ciudadanas frente al poder.
En efecto, la propuesta sigue el hilo conductor de reformas de gran calado de López Obrador con la elección judicial y del decreto de la ley de amparo de 2024, que debilitaron el modelo de justicia de 2011 de gobiernos anteriores y heredaron un cambio de equilibrio de fuerzas entre Poderes a su sucesora. Ahora la motivación de la reforma de Sheinbaum es acotar el recurso del amparo frente a los abusos de privados a través de reforzar la decisión de los tribunales frente a ellos. En el fondo, refleja la debilidad del poder público para cumplir sus funciones, pero también la falta de acceso real de la ciudadanía en general a una ley creada hace 170 años contra arbitrariedades de la autoridad.
Las voces de preocupación por colocar a la autoridad en el centro de la reforma son justificadas, pero el argumento es sesgado por omitir que la forma, tal como está regulada no la hace un escudo de protección de los derechos para todos; y que con frecuencia tiene un uso contrario en casos de empresas y particulares que negocian para evadir la justica, de defraudadores y hasta de criminales o narcotraficantes para no pisar la cárcel.
El consenso de la abogacía y sus clientes defiende desde hace años su actual forma de aplicarse como dogma intocable, a pesar de conocer que también ha servido a los privados como “balón de oxígeno” para defraudar al Estado haciendo pasar la evasión fiscal como daño a sus derechos humanos. Desde la reforma en la materia de Calderón de 2011, el juicio de amparo es el más recurrido contra actos de autoridad por establecerse casi para cualquier actividad si se argumenta algo tan vago como violación directa o indirecta a derechos fundamentales. En la práctica también funciona como subterfugio para limitar las funciones de un Estado débil en la aplicación de la ley o detener obras de interés general cuando chocan con intereses particulares y políticos, como lo ocurrido con las infraestructuras icónicas de López Obrador; aunque el sentido original de aquella reforma sea potenciar el interés legítimo de comunidades y colectivos a su hábitat, medio ambiente o forma de vida.
Hay ejemplos que están en la palestra pública de amparos contra deudas fiscales y tramitados de manera anónima contra la justicia como maniobra propagandística. Este tipo de juicios son recurridos casi por default para cuidar negocios y fortunas mal habidas o vinculadas al delito, mientras se reclama al Estado incapacidad para hacer su trabajo y acabar con la impunidad. La iniciativa es polémica porque entra al terreno peligroso de restringir recursos para repeler acciones de la autoridad y ampliar el poder de decisión de los jueces en puntos torales, como redefinir el interés legítimo y eliminar la posibilidad de suspender actos impugnados hasta la resolución judicial, por ejemplo, congelar cuentas bancarias por parte de la UIF. Ambos restan fuerza a la ciudadanía respecto al Estado, junto con otra enmienda que le abre la puerta a incumplir una sentencia por el muy cuestionable argumento de imposibilidad material o jurídica.
La polémica está servida por los intereses que puede afectar y la expansión de atribuciones estatales de la respuesta del gobierno a abusos del juicio de amparo; aunque también incluye modificaciones positivas para ampliar su acceso con la presentación de las demandas vía electrónica. Por todo ello, un tema tan delicado debe discutirse en parlamento abierto, donde se escuche a todas las voces y depurar riesgos de la propuesta. De lo contrario, su aprobación por mayoriteo sólo reforzará la sospecha de que se trata de facilitar el trabajo de la autoridad por encima de los derechos de la gente.
