Kast, un abogado de 60 años, asumió el poder en marzo con la promesa de mano dura contra la criminalidad y la migración irregular.
Por STAFF / EL ECONOMISTA
La Prensa
El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, anunció el lunes que presentará un proyecto de ley para reforzar el control migratorio y aumentar las penas contra delitos del crimen organizado, en su primera rendición de cuentas al Congreso.
Kast, un abogado de 60 años, asumió el poder en marzo con la promesa de mano dura contra la criminalidad y la migración irregular. Pero la falta de anuncios en sus primeros meses de gobierno mermó su popularidad.
«Tenemos que atacar ese crimen organizado y ampliar drásticamente las penas que están asociadas a la delincuencia», dijo Kast en el Congreso, en Valparaíso, a unos 120 km de Santiago.
A unos kilómetros de allí, la policía se enfrentó con un centenar de manifestantes que se quejaban por recortes presupuestarios anunciados por el gobierno.
En un discurso televisado, Kast afirmó que sus prioridades serán «fortalecer la seguridad», la «reactivación económica» y la generación de «miles de empleos».
Aunque Chile es uno de los países más seguros de la región, en la última década hubo un aumento en los asesinatos y secuestros, según el actual gobierno con la llegada de bandas criminales extranjeras como el Tren de Aragua.
Kast anunció que desplegará operativos policiales en 50 barrios «contra los mercados ilícitos y el crimen organizado» en las próximas semanas.
«Que se intervengan los barrios más complicados me parece necesario. Pero al mismo tiempo no es suficiente para mí (…) Los resultados son lo que importa», dijo a la AFP Marta González, una jubilada de 68 años en el centro de la capital.
El presidente también impulsará un registro de «vándalos» para quienes ataquen a la policía, funcionarios de salud o dañen monumentos, y perderán beneficios como la gratuidad universitaria o una jubilación estatal.
Para cumplir su cuestionada propuesta de expulsar a 330,000 inmigrantes irregulares, buscará «fortalecer el control migratorio, la capacidad de expulsión efectiva y ampliar los plazos de retención» de indocumentados, que actualmente es de cinco días.
Su plan también incentivará «la salida voluntaria de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile», sin detallar cómo se llevará a cabo el proceso.
También propondrá al Congreso «una reducción real y ordenada de ministerios», sin precisar cuántas de las 25 carteras actuales serán eliminadas.
