PREPARA GOLPE CONTRA VÍNCULOS CON CÁRTELES
El Gobierno de Donald Trump busca desmantelar la estructura del partido guinda tras acusaciones de la OFAC y el FinCEN sobre el financiamiento ilícito de campañas electorales
Por Staff/Uno más uno
La Prensa
EU.- A través de información consultada en fuentes cercanas al Departamento de Seguridad de Estados Unidos, se ha confirmado que el próximo golpe que el Gobierno de EE. UU. planea dar apunta hacia México con un claro objetivo: desmantelar y proscribir a Morena, al que las autoridades norteamericanas ya tienen ubicado como un «partido narcoterrorista».
Más allá de capturar a políticos ligados al crimen organizado, el gobierno del presidente Donald Trump busca desmantelar al partido político que, afirman, impuso un narcoestado a cambio de que los cárteles apoyaran a la estructura guinda para mantenerse indefinidamente en el poder.
El «Huachicol Fiscal» y el Financiamiento Político
Sobre el tema, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependencias del Departamento del Tesoro norteamericano, anunciaron un paquete de acciones para combatir los esquemas de contrabando de combustible —vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, sancionando a líderes y advirtiendo que este cártel incide directamente en la política electoral mexicana.
La redacción del documento de la OFAC y del FinCEN es contundente:
«Los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el Gobierno. Esto facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y otras actividades delictivas».
Con esta sentencia, el gobierno norteamericano define el modus operandi del presunto narcoestado: dinero en efectivo del huachicol fiscal manejado a través de cárteles para pagar campañas electorales, encumbrar gobernadores y funcionarios que faciliten actividades delictivas (incluyendo la fabricación de fentanilo) y, de forma novedosa, el pago a medios de comunicación.
Los Nombres Clave en la Mira de Washington
En la información proporcionada por fuentes internas del Departamento de Seguridad resaltan nombres de funcionarios y exfuncionarios clave de la administración pública mexicana:
Mario Delgado Carrillo: Actual secretario de Educación y expresidente de Morena (noviembre 2020 – septiembre 2024). El documento detalla que, en complicidad con el entonces director de Aduanas, Ricardo Peralta, se diseñó la estrategia de dispersión de efectivo huachicolero a candidatos morenistas, empleando como operador al desaparecido Sergio Carmona Angulo.
Andrés Manuel López Beltrán («Andy»): Ubicado como el eje que gestó en Petróleos Mexicanos (Pemex) el esquema de contrabando de combustibles de la mano de Daniel Asaf (excoordinador de la Ayudantía Presidencial) y Marcos Herrería. Se señala que la mayoría de los cómplices de los permisos falsificados salieron de dicha Ayudantía.
Audomaro Martínez: Exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), acusado de orquestar presuntas complicidades en la Secretaría de la Defensa para la protección al huachicol fiscal a través de su compadre, el General Luis Cresencio Sandoval. Personajes cercanos a ambos habrían fundado una empresa para vender combustible ilícito a gobiernos estatales de Morena.
Adán Augusto López: Exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, identificado como padrino político de Hernán Bermúdez Requena, uno de los presuntos jefes del cártel «La Barredora», señalados como líderes del tráfico de huachicol en el sureste.
El Banco del Bienestar y el Sector Financiero
La sospecha de las autoridades estadounidenses incluye también la posibilidad de que un gran banco que opera en México sea acusado formalmente de facilitar el lavado de dinero del huachicol. Hasta ahora, las investigaciones de Washington apuntan de forma directa al Banco del Bienestar, institución en la que Morena habría consumado más de 259 mil transacciones financieras durante los días más álgidos de las campañas electorales del 2024.
Alerta en Palacio Nacional
Ante la gravedad del documento emitido en Washington, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo citó de urgencia en Palacio Nacional a su consejera jurídica (o fiscal) Ernestina Godoy y a su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para evaluar los alcances reales de una advertencia que, por la minuciosidad del texto, da lugar a pensar que el caso judicial en EE. UU. ya está completamente armado y listo para ser detonado.
Fuentes consultadas detallan que la tensión va desde la posible detención por la fuerza del gobernador Rubén Rocha Moya, cuya fecha límite para cumplir con el tratado de extradición ya venció. La falta de respuesta del gobierno mexicano, argumentando «falta de pruebas», ha agotado la paciencia de Washington, donde la Casa Blanca considera que «el juego no es en piso parejo». Por ello, la OFAC y el FinCEN han lanzado esta ofensiva institucional contra las finanzas y la legalidad del partido oficialista.
