Dictan prisión por contrabando de combustible
Luego que un Juez Federal dio a prisión preventiva al exgobernador de Baja California, fue llevado al centro penitenciario de máxima seguridad; la FGR lo acusa de liderar una red aduanal que introducía millones de litros de hidrocarburos ilegales desde Estados Unidos evadiendo impuestos
Por Staff/Agencia Reforma
La Prensa
MÉXICO.- Luego que un juez federal dictó prisión preventiva al ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, fue trasladado esta mañana al penal de máxima seguridad del Altiplano.
El convoy en el que Ruffo fue sacado de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicada en la Colonia Guerrero, partió alrededor de las 9:30 horas con destino al Cefereso 1 localizado en Almoloya de Juárez Estado de México.
A ese penal también fueron trasladados Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, quienes están acusados por los mismos delitos.
En el caso de José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, se les dictó prisión domiciliaria por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén, fue traslada al CERESO femenil Nezahualcóyotl Sur.
Todos ellos forman parte de la misma acusación formulada por la FGR contra la empresa Ingemar, de la que Ruffo es socio, así como contra agentes aduanales y otras compañías presuntamente involucradas en la introducción ilegal de combustible procedente de Estados Unidos.
«Estas personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron», señaló la FGR en un comunicado.
Presuntamente, detalló, los implicados introducían el combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, reportaban menos de lo que realmente se transportaba o se declaraba como si fueran otros productos para evadir impuestos.
«Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales», sostuvo.
