Los fiscales federales solicitaron al juez Brian M. Cogan ordenar la confiscación como parte de la sentencia que se impuso al cofundador del Cártel de Sinaloa, quien fue condenado a cadena perpetua
Este lunes, el juez federal Brian M. Cogan impuso una orden de confiscación por 15 mil millones de dólares contra Ismael “El Mayo” Zambada, además de dictarle cadena perpetua por delitos relacionados con narcotráfico como parte del proceso penal en su contra ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.
La cifra representó la mayor confiscación económica solicitada en un caso de narcotráfico ante una corte estadounidense y superó por 2 mil 400 millones de dólares la sanción impuesta en 2019 contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, también cofundador del Cártel de Sinaloa.
La orden derivó de la solicitud presentada por los fiscales federales encabezados por Joseph Nocella Jr., quienes argumentaron que el monto correspondía a las ganancias obtenidas por la organización criminal durante décadas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
La confiscación fue establecida a partir del acuerdo de culpabilidad firmado por Zambada, quien reconoció su responsabilidad en las operaciones del Cártel de Sinaloa y aceptó que la organización generó miles de millones de dólares mediante actividades ilícitas.
Sin embargo, los 15 mil millones de dólares no corresponden a dinero localizado en cuentas bancarias, propiedades aseguradas o bienes incautados directamente al narcotraficante, sino a una estimación del Departamento de Justicia estadounidense sobre los recursos obtenidos por el grupo criminal.
El procedimiento de confiscación permite al gobierno estadounidense reclamar bienes derivados de actividades criminales, aunque la recuperación efectiva de esa cantidad dependerá de futuras investigaciones para localizar activos, cuentas, propiedades y empresas vinculadas con las operaciones financieras de la organización.
Especialistas señalaron que transformar una orden judicial de esta magnitud en recursos recuperados representa un proceso complejo debido a que las estructuras financieras de los grupos criminales suelen estar distribuidas mediante prestanombres, empresas fachada y operaciones en distintos países.
En casos anteriores, como el de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Estados Unidos también ordenó una confiscación millonaria. No obstante, las autoridades no informaron públicamente que hayan recuperado la totalidad del monto establecido por el tribunal.
Los recursos confiscados por el gobierno estadounidense ingresan al Fondo de Bienes Confiscados del Departamento de Justicia o a fondos equivalentes del Departamento del Tesoro, desde donde pueden financiar operaciones de seguridad, investigaciones y programas relacionados con las víctimas de delitos, conforme a las disposiciones legales aplicables.
Antes de la resolución final, familiares de víctimas del Cártel de Sinaloa, como integrantes de la familia LeBarón, solicitaron participar en el procedimiento para reclamar parte de los bienes que pudieran ser confiscados. Sus abogados argumentaron que la organización fue designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera y buscaron aplicar la Ley de Seguro contra Riesgos Terroristas de 2002.
El gobierno estadounidense rechazó esa petición al considerar que los solicitantes no tenían legitimidad jurídica para intervenir en el proceso de confiscación, aunque el tema podría generar nuevos litigios posteriores.
La sentencia contra Zambada cerró el proceso judicial contra uno de los principales líderes históricos del Cártel de Sinaloa, organización que durante décadas mantuvo operaciones de tráfico de cocaína, fentanilo, metanfetamina y otras drogas hacia Estados Unidos.
Además de la pena de prisión vitalicia, la resolución económica convirtió el caso del narcotraficante mexicano en uno de los procedimientos de mayor impacto financiero dentro de la estrategia estadounidense contra las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.
Información de Infobae
