Por Pascal Beltrán del Río
Señores legisladores de la mayoría
Antes de votar la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que el Presidente de la República envió al Congreso de la Unión con carácter de preferente, hay algunas cosas que debieran tomar en cuenta. Los invito a leer.
Primero, que México tiene un sistema de gobierno con división de Poderes. Ninguno de los tres tiene prevalencia sobre los otros. La democracia funciona sólo si se dan equilibrios entre ellos. Si el Ejecutivo dicta al Legislativo y/o al Judicial lo que deben hacer, el sistema deja de ser democrático.
Varias generaciones de mexicanos lucharon para que el Congreso de la Unión no fuera más una oficialía de partes de la Presidencia. Volver a aquellos tiempos nos haría retroceder no sólo en términos de democracia, sino también en oportunidades de desarrollo, pues hay múltiples ejemplos de que un hombre, por muy buena voluntad que tenga, no puede saber por sí solo lo que es bueno para el país.
Entonces, que el Presidente envíe una iniciativa y les ordene que no le muevan una sola coma, representa un desdén al trabajo que, por mandato legal, ustedes deben realizar. Es cierto que fueron elegidos como parte de una opción política, pero su primera obligación es con los ciudadanos. En ellos tendrían que pensar a la hora de analizar y votar las iniciativas, no en los deseos del Ejecutivo.
Yo sé que muchos de ustedes pretenden reelegirse y que eso depende, en última instancia, de los dirigentes de sus partidos, y quizá por ello, por los tiempos electorales, se presentó esta iniciativa como preferente. Pero si aceptan votar a favor, a cambio de que les confirmen su candidatura, ¿con qué dignidad pedirán nuevamente el voto?
En segundo lugar, el Presidente les ha enviado una iniciativa que básicamente calca el contenido de la llamada Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional —también conocida como “ley Nahle”—, que ya ha sido rechazada por el Poder Judicial. Es decir, si ustedes la votan a favor, sin cambiarle una coma, estarán diciéndole a jueces, magistrados y ministros que les importa poco su interpretación de la Constitución. Si la iniciativa se aprueba, se convierte en ley y el Poder Judicial sostiene sus argumentos —qué mal se vería si no lo hace, ¿verdad?—, imaginen el papelón que habrán hecho ustedes, aprobando algo que ya había sido juzgado como contrario de garantías consagradas en la Carta Magna.
En tercer lugar, si ustedes aprueban la iniciativa sin cambiarle una sola coma —como les ordenó el Presidente— y, por alguna extraña razón, el Poder Judicial cambia sus criterios y desecha los amparos que seguramente se presentarían tras la promulgación de esta reforma, eso haría a los tres Poderes —incluyendo al Legislativo—responsables de las consecuencias económicas de la legislación.
Seguramente lo saben porque supongo que han leído y estudiado lo que van a votar, pero ahí va:
A) Varias grandes empresas que producen productos de alto consumo, como tortilla (Gruma), refrescos (Coca-Cola) y leche (Lala), o dan servicios de primera necesidad, como telefonía celular (Telmex), se surten de electricidad vía empresas privadas. Si por efecto de la ley se cancelan permisos de generación, esas empresas tendrían que recurrir a la CFE, a precios más caros, que serían absorbidos por el consumidor.
B) Ni siquiera las obras emblemáticas del gobierno se salvarían de esta situación porque empresas que las surten de cemento y acero también tendrían que aumentar el precio de sus productos.
C) Muchos mexicanos que han podido mantener sus empleos en el sector turístico podrían sufrir porque grandes hoteles de la Riviera Maya, cuyo segundo gasto después de pagar salarios es el consumo de electricidad, también son clientes de empresas privadas de electricidad (como el Moon Palace de Cancún).
D) Todas esas empresas y otras han optado por no ser clientes de la CFE porque hay opciones más baratas. ¿Qué pasará si algunas deciden que conviene más invertir en otros países, donde no cambian las reglas sobre la marcha? Naturalmente, se perderán empleos. Y otras que pensaban venir a México o ampliar sus inversiones, no lo harán.
Como ven, el rédito político de apoyar incondicional e irreflexivamente esta reforma es muy pequeño. Están a tiempo de evitar un error que marcará sus carreras.
